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UGT acusa al PP de "mentir" en el número de centros docentes construidos

Rebaja de 445 a 277 la cifra de construcciones escolares desde 1995

Ignacio Zafra

La Federació de Treballadors de l'Ensenyament (Fete) UGT acusó ayer a Máximo Caturla, consejero delegado de la empresa pública Ciegsa, y a la secretaria general del Partido Popular, Adela Pedrosa, de "mentir" a cuenta del número de centros educativos construidos desde 1995. Según el sindicato, el número de centros terminados en la década de gobierno popular alcanza los 277, lejos de los 445 que ambos políticos habrían dado por "construidos o inaugurados" en el mismo periodo.

Los números pertenecen al informe sobre el estado de las construcciones escolares en la Comunidad Valenciana que Fete UGT hace público cada tres meses. Los datos provienen de la página de Internet de Ciegsa, informa el sindicato, y de las actuaciones que la Consejería de Educación realizó antes de fundar Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat Valenciana S.A. (Ciegsa), en el año 2000.

La organización sindical recoge en el estudio el grado de ejecución de los centros por comarcas; provincias, y en las cuatro principales ciudades valencianas -las tres capitales además de Elche-.

El informe concluye que Ciegsa ha terminado 156,5 colegios en todo el territorio valenciano. Y que otros 117,5 están por acabar, categoría que engloba cinco fases de desarrollo distintas: Desde "en construcción" a "proyecto redactado". El 0,5 corresponde a la conclusión de la primera fase de la Escuela Europea de Alicante.

La provincia que registra mayor grado de cumplimiento es Castellón. Allí se habrían construido 31 centros, un 75,6% del total. Valencia se sitúa en segundo lugar con 78 centros acabados (56,1%) y 61 sin terminar. El último lugar lo ocupa Alicante, con 47,5 colegios terminados (50,5%) frente a 46,5 (49,5) inconclusos.

En Castellón ciudad se han terminado el 81,8% de las escuelas; en la ciudad de Valencia, el 46,%; en Elche, el 54,6%, y en Alicante capital el 34,6%.

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El informe ha sido coordinado por la sección del sindicato de la comarca de L'Alacantí. En él se puede leer: "Alicante es con diferencia la ciudad de la Comunidad (entre las grandes) más perjudicadas por las políticas de inversión educativa de la Consejería". Y un poco antes: "Criticamos abiertamente la dejadez" de la alcaldía y de la concejalía de Cultura y Educación de Alicante, que "deberían defender mejor su red de centros para atender adecuadamente a la población de los distintos barrios. No basta con la cesión de terrenos".

Fete UGT dedica un apartado a criticar la falta de transparencia de Ciegsa. Antes de la creación de la empresa pública, indica el sindicato, la Generalitat hacía públicas sus actuaciones. La página de Internet de Ciegsa no permite consultar la información completa; exige su revisión centro por centro. Para reunir los datos, el sindicato necesitó "horas de trabajo". Unas dificultades en su opinión "injustificables" que no se corresponden con "una empresa de perfil público que gestiona grandes cantidades de dinero", y que contradirían las recomendaciones de la OCDE para el funcionamiento de las Administraciones Públicas y el Libro Blanco para la Mejora de los Servicios Públicos.

Ayer, la web de Ciegsa dejó funcionar, lo que es interpretado por el sindicato como una nueva prueba de opacidad.

Informada de las acusaciones, la empresa pública apuntó ayer a Educación como órgano encargado de responder. La Consejería no hizo ninguna declaración oficial. Fuentes de la misma indicaron de forma oficiosa que la página de Internet podía no estar actualizada; y que la propia Consejería sigue construyendo colegios al margen de Ciegsa.

El sindicato contestó, de un lado, que en la web se incluyen los centros inaugurados por Camps al menos hasta diciembre. Y, de otro, que para disipar las dudas, bastaría con que la Generalitat publicar la lista de los 445 centros teóricamente terminados.

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Sobre la firma

Ignacio Zafra
Es redactor de la sección de Sociedad del diario EL PAÍS y está especializado en temas de política educativa. Ha desarrollado su carrera en EL PAÍS. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia y Máster de periodismo por la Universidad Autónoma de Madrid y EL PAÍS.

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