El vicepresidente del Gobierno de Aguirre tilda a Simancas de "beneficiario del urbanismo depredador"

Ignacio González, vicepresidente primero del Gobierno de Esperanza Aguirre, arremetió ayer contra el portavoz del PSM en la Asamblea de Madrid, Rafael Simancas. González aseguró que "si hay alguien beneficiario del urbanismo depredador es Simancas, que tiene un chalé en Arroyomolinos, municipio gobernado por el PP, y otro cerrado en Boadilla del Monte".

González realizó estas declaraciones tras la reunión tripartita en la Asamblea de Madrid que trata de encontrar consenso sobre las reformas institucionales que han de acometerse en la Comunidad. En esa reunión, los representantes del PSOE (el vicesecretario general del PSM, Antonio Romero; la portavoz adjunta del PSM en la Asamblea, Ruth Porta y el portavoz adjunto del grupo municipal socialista, Óscar Iglesias) propusieron la creación de una comisión de los tres partidos para alcanzar un pacto sobre el urbanismo en la Comunidad de Madrid.

Según el vicepresidente González, "al no ser este uno de los objetos de la comisión tripartita", Simancas simplemente le estaba "haciendo el juego sucio al Gobierno de la nación". González acusó al líder socialista de "seguir instrucciones de Zapatero, en lugar de acabar con los agravios del Gobierno central hacia Madrid como el decremento de un 25% en las inversiones para Madrid, el asunto de la empresa Mintra o no invitar sistemáticamente a la presidenta" Aguirre a los actos organizados en la Comunidad por el Gobierno central.

González también dijo que "las denuncias urbanísticas" de Simancas "se le van a volver en contra otra vez", en relación a la denuncia realizada por los socialistas ante el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por la supuesta trama del caso Majadahonda donde se habrían podido cometer supuestos delitos de tráfico de influencias y de prevaricación que salpicarían, entre otras personas, al actual regidor del municipio, Narciso de Foxá, del PP. Tras la denuncia de los socialistas, los populares respondieron con una denuncia ante el Tribunal Supremo contra el fiscal por prevaricación al interpretar que "trabaja por motivos partidistas y al servicio de Zapatero".