La Sindicatura de Cuentas ocultó informes durante el Gobierno de CiU

La Sindicatura de Cuentas, órgano que fiscaliza la gestión económica, financiera y contable de la Generalitat y de todo el sector público catalán, incumplió con su deber de informar puntualmente al Parlament -del que depende- sobre los hallazgos de sus rastreos contables durante la recta final del Gobierno de CiU.

Entre los farolillos rojos de la gestión desvelados por los informes que en 2003, antes del cambio de Gobierno en Cataluña, se guardaron en un cajón pese a haber sido aprobados por el pleno de la Sindicatura, figuran dos documentos sobre las prácticas del Instituto Catalán de Finanzas (ICF). Los síndicos alertan en ellos contra la concesión de créditos a empresas en crisis que "pueden suponer un riesgo" para la propia entidad de crédito público de la Generalitat.

Es el caso de la textil Puigneró, debido a un crédito de 12 millones de euros que el ICF le concedió un mes después de suspender pagos, o el caso del Grupo Mitasa, que recibió dos préstamos por un valor de 15,56 millones de euros en 1996 para recapitalizar créditos previamente concedidos al mismo grupo. Mitasa quebró en octubre de 2002.

Los dos informes sobre la gestión del ICF, correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001, serán presentados hoy al Parlamento catalán por el nuevo síndico mayor, el socialista Joan Colom. Ambos documentos fueron aprobados por el pleno de la Sindicatura el 22 de julio de 2003, pero nunca fueron enviados a la Cámara hasta el relevo en la cúpula de la Sindicatura, en marzo de 2004 y ya bajo Gobierno tripartito, a pesar de que era obligado informar una vez se hubieran terminado, al tratarse de informes encargados por el propio Parlament.

Ambos informes alertan también de que el ICF "no siempre sigue el procedimiento fijado por ley" (pedir tres ofertas) a la hora de contratar a sus proveedores, e incluyen recomendaciones vigentes desde 1996 y 1999 sobre la concesión de préstamos al propio personal del ICF para comprarse viviendas y sin permiso de la Dirección General de la Función Pública. El ICF acabó cumpliendo con las condiciones exigidas para dar estos créditos.