El Gobierno plantea reducir el coste del despido para los nuevos contratos

Reducir el coste del despido formará parte de la discusión que Gobierno y agentes sociales desarrollarán hasta julio para reformar el mercado de trabajo. El Gobierno ha propuesto extender a todos los contratos nuevos la modalidad de despido con una indemnización de 33 días por año que ahora se utiliza sólo para fomentar la contratación indefinida entre jóvenes, mujeres y otros colectivos. El planteamiento cuenta con el rechazo sindical.

El Ministerio de Trabajo difundió anoche un documento que recoge sus sugerencias y las que patronal y sindicatos realizaron el pasado lunes en la primera reunión sobre el mercado laboral, según este departamento. Aunque se presenta como un texto sujeto a la negociación, ya se perfilan algunos aspectos cruciales que serán objeto de discusión. El principal consiste en extender a todos los nuevos contratos que se firmen la modalidad de fomento de contratación indefinida, con un despido de 33 días por año, frente a los 45 ordinarios. Se trata de una propuesta del Gobierno que cuenta con el rechazo frontal de los sindicatos. Para los contratos fijos también se estudiará aumentar los periodos de prueba (ahora seis meses para los técnicos titulados y dos para el resto).

Otro de los cambios en el despido consistirá en revisar las condiciones que determinan el despido por causas económicas (el que realiza una empresa cuando atraviesa una crisis), aunque no está definido el modelo que se propone.

Nuevas indemnizaciones

En general, se propone modificar el régimen de indemnizaciones para "los diversos tipos de extinción" de contrato, tanto los temporales como los indefinidos. En contratación temporal, se estudiará modificar la regulación para evitar el fraude y la utilización injustificada de esta herramienta. El empleo temporal se vigilará especialmente en la administración pública, que ha aumentado en los últimos años frente a la tendencia general de reducción en el sector privado.

Otra de las sugerencias vinculadas al coste de la contratación consiste en revisar las cotizaciones de los empresarios a la Seguridad Social por ciertos tipos de contrato. En concreto, se revisarán las aportaciones de las compañías por desempleo, así como lo que se exige a las empresas de trabajo temporal. Precisamente se pretende favorecer la actuación de estas empresas como intermediarias en el mercado laboral.

El documento reconoce que el sistema actual de incentivos a la contratación es "muy poco selectivo y demasiado complejo". Por este motivo, se quiere reservar esos alicientes sólo para la contratación indefinida, así como afinar más en los coletivos cuyos contratos se quieren incentivar: los de mayor dificultad de inserción en el mercado. También se plantea la posibilidad de introducir otros instrumentos que sustituyan el régimen ahora vigente.

Uno de los asuntos incluidos, especialmente reivindicado por los sindicatos, consiste en reformar el marco legal que regula la actividad de las contratas y subcontratas. Esta propuesta pretende aumentar la seguridad jurídica de los trabajadores ligados a una subcontrata, aunque "sin menoscabo de las necesidades de flexibilidad para las empresas" para contar con el beneplácito de la patronal.

En cuanto a los servicios públicos de empleo, se pretende que su labor fomente la movilidad geográfica de los trabajadores, lograr una atención más personalizada en las oficinas de empleo y reforzar la coordinación del servicio estatal con los autonómicos.

Pese a todo lo expuesto, el Ministerio de Trabajo precisa que las reformas "deben partir de fórmulas consensuadas y aceptadas por todos, razonables y equilibradas".