El 'conseller en cap' anuncia que la nueva oficina anticorrupción se creará por ley

El Gobierno catalán aprobó ayer el programa destinado a crear la Oficina Antifraude, cuyas funciones y composición las determinará una ley específica que será aprobada y remitida al Parlament en el plazo máximo de cuatro meses. Esta oficina, que dependerá orgánicamente del conseller en cap, el republicano Josep Bargalló, estará inspirada en otros organismos análogos que funcionan en Europa y, particularmente, en la OLAF, que actúa en el ámbito de la UE y depende de la Comisión Europea. El Gobierno insiste en que la nueva oficina dependa de Bargalló y no de la Sindicatura de Cuentas como prevé el pacto del Tinell, que dio origen al tripartito.

Según explicó Bargalló, el programa que servirá para poner en marcha la Oficina Antifraude estará coordinado en su fase inicial por el secretario general de su departamento, Raimon Carrasco, y su desarrollo culminará con el proyecto de ley que será enviado al Parlament. Más tarde, se nombrará a una persona para dirigir el programa que, en ningún caso, será el futuro director de la oficina. Este cargo se dará a conocer después de que el Parlament apruebe la ley, pero el Gobierno ya tiene claro el perfil de la persona más adecuada: será alguien con una amplia experiencia europea, procederá de la carrera fiscal y no tendrá ninguna vinculación laboral con Cataluña para "evitar sospechas sobre su actuación", comentó el conseller en cap.

La oficina, explicó Bargalló, tendrá "plena independencia y plenos poderes" respecto a cualquier otro organismo de la Administración catalana, a fin de que pueda cumplir con su principal cometido: la investigación y control del fraude y de las conductas fraudulentas que se produzcan dentro de la Generalitat y de las empresas que se relacionan económicamente con ésta.

Respecto a la adscripción orgánica de la oficina al departamento del conseller en cap y no a la Sindicatura de Cuentas como figuraba en el pacto del Tinell, Bargalló señaló que existe un mandato del Parlament -la resolución aprobada en el pleno extraordinario del Carmel- que la vincula al Gobierno.

En cualquier caso, la adscripción definitiva de la oficina dependerá primero de lo que estipule el grupo que redactará la ley y de las posteriores negociaciones con el resto de grupos parlamentarios. No obstante, el conseller en cap declaró que por las experiencias existentes en diferentes países europeos y en la propia UE "parece aconsejable su vinculación al Gobierno de la Generalitat".

"No conviene mezclar los dos organismos", advirtió Bargalló, porque la nueva oficina se dedicaría a abordar supuestos fraudes de ley en tiempo real, mientras que la Sindicatura se centra en fiscalizar las cuentas liquidadas de las administraciones públicas.

El Ejecutivo espera que la ley coseche al menos el mismo apoyo que tuvieron las resoluciones parlamentarias sobre el Carmel, es decir, de las tres formaciones del tripartito (Partit dels Socialistes, Esquerra Republicana e Iniciativa per Catalunya) y el Partido Popular. Convergència i Unió votó en contra. La Oficina Antifraude será la primera de estas características que se creará en España.