La prioridad del Estatut

La reforma del Estatut definirá el éxito o el fracaso de esta legislatura. Ahí radica su importancia. Todos los partidos del arco parlamentario catalán lo saben y adquieren con ello una gran responsabilidad ante el futuro de la política catalana en los próximos lustros. En estos momentos la ponencia del Parlament tiene ya muy avanzada la primera lectura de los títulos de la propuesta de reforma, pero no se consigue atraer la atención de la opinión pública, de modo que esta reforma parece más propia de expertos y de políticos que del interés de los ciudadanos.

Es evidente que no tiene el mismo atractivo conseguir el autogobierno que reformarlo. El interés y la movilización ciudadana es lógicamente distinta en uno y otro caso. También es cierto que las reformas siempre son más aburridas que los actos rupturistas. Los tiempos de la transición democrática y de movilización por el restablecimiento de la Generalitat no son repetibles. Pero sí es posible una mayor implicación ciudadana por la consecución de un nuevo Estatut. Para ello es imprescindible el protagonismo de las principales figuras de la política catalana. En los próximos meses será necesario que los máximos dirigentes de las fuerzas políticas catalanas asuman directamente la responsabilidad conjunta de llegar a acuerdos sobre los puntos más relevantes del Estatut, de promoverlos y defenderlos ante la sociedad civil y de crear las condiciones políticas necesarias para la unidad de todos en favor de la mejora y ampliación del autogobierno de Cataluña.

Los hechos acaecidos en las últimas semanas no facilitan las convenientes complicidades entre los partidos políticos del Gobierno y de la oposición para avanzar en este objetivo común que es la reforma del Estatut. Pero el interés de Cataluña y de su ciudadanía debe prevalecer. No se puede confundir la legítima competencia entre partidos en la relación entre Gobierno y oposición con lo que constituye un compromiso de todos los partidos parlamentarios catalanes ante los electores. En la reforma del Estatut no hay Gobierno ni oposición, sino un Parlament que asume el reto de aprobar la propuesta de reforma de la ley institucional básica de la autonomía catalana.

Ha sido un acierto que el Gobierno de la Generalitat no haya presentado una propuesta propia de reforma y que Joan Saura, consejero de Relaciones Institucionales y Participación, haya impulsado esta reforma respetando la plena independencia de la instancia parlamentaria y poniendo a su disposición la documentación elaborada por el Instituto de Estudios Autonómicos bajo la dirección de Carles Viver Pi Sunyer. Ello debe permitir que el nuevo Estatut no sea de nadie en particular y, al mismo tiempo, que todos los partidos puedan considerarlo propio. Falta, y no es poco, que lleguen a los acuerdos necesarios para tener un buen Estatut.

Después de ver la reglamentaria pero dudosamente legítima moción de censura de la pasada semana, que terminó siendo retirada por Josep Piqué, creo que el partido que se dedicará a sacar provecho de los desacuerdos estatutarios entre los otros será el Partido Popular. No hay que hacerle esta concesión. Josep Piqué basa su juego político en las dificultades y en las complicaciones de la reforma estatutaria. Pondrá el acento en cada situación que sirva a sus intereses de partido, que no son precisamente autonomistas. Ha decidido sumarse al carro de la reforma pero actuando a la contra. Jugará todas las cartas escépticas y pondrá agua al vino. No hay que darle oportunidades en esta dirección. No tiene juego si los demás no se lo dan. Hay que darle sólo la opción de sumarse a un acuerdo ya conseguido con el pacto entre los demás partidos.

El Partido Popular no tiene ninguna autoridad para dar lecciones sobre autogobierno. Conviene un Estatut aprobado por todas las fuerzas políticas catalanas para llegar con más fuerza al Congreso de los Diputados, pero no es imprescindible el apoyo de los diputados populares, ni en el Parlament ni en el Congreso de los Diputados. Además, un apoyo del Partido Popular a cambio de renuncias es inconveniente. La elaboración y aprobación del Estatut debe estar abierta a todos, pero la minoría popular no puede marcar los contenidos ni acotar los límites.

La división entre los partidos catalanistas da opciones a Josep Piqué, aumenta las esperanzas obstruccionistas de algunos sectores del PSOE y provoca el regocijo en las filas populares. Así que mantengamos la reforma del Estatut impermeable a la comprensible competencia política entre Gobierno y oposición en Cataluña. Nadie en Madrid va a regalar ni a facilitar las cosas, sólo la unidad del catalanismo puede crear el escenario necesario para una negociación exitosa de la reforma del Estatut.

Miquel Caminal es catedrático de Ciencia Política de la Universidad de Barcelona.