Polémico relevo

El relevo del coordinador de urgencias y responsable del equipo de sedación paliativa del hospital público Severo Ochoa de Leganés por parte de la Comunidad de Madrid ha suscitado la dura protesta del personal del centro, que lo considera precipitado y exige que sea restituido en su puesto. No les falta motivo ante el daño que la decisión ha causado a la imagen de un profesional de historial brillante, en principio alejado de un perfil de ángel exterminador, y con quien se ha solidarizado también la Organización Médica Colegial. El consejero Lamela niega que haya actuado precipitadamente, tras recibir el pasado día 8 una denuncia anónima que acusa al médico suspendido de mala praxis por administrar exceso de sedativos a enfermos terminales sin el consentimiento familiar.

El caso ha sido llevado a la Fiscalía del Tribunal de Justicia de Madrid. Pero lo importante es que la investigación sea concienzuda y rápida, pues cada instante que transcurra con esta sospecha en el aire sin resolver afectará muy negativamente al centro sanitario, a los especialistas que en general realizan ese tipo de tratamiento -ampliamente admitido hoy en día por la ciencia médica y que nada tiene que ver con la eutanasia-, y por supuesto al propio afectado. La Consejería de Sanidad abrió un expediente similar contra el coordinador del hospital de Leganés en 2003, que se saldó con unas conclusiones que elogiaban la labor del facultativo puesto en cuarentena.

La denuncia se cree que procede de alguien de dentro del centro, por lo que no hay que excluir otros motivos. El denunciante relaciona al coordinador con la muerte de entre una veintena y 400 enfermos terminales a los que durante los dos últimos años se les habría distribuido dosis excesivas de opiáceos y calmantes sin el conocimiento de las familias. A ello se suma la circunstancia de que el índice de mortalidad en los servicios de urgencias del hospital de Leganés es superior al de otros centros sanitarios de la Comunidad, aunque también las estancias son más largas por falta de camas en planta. Es urgente que todo se esclarezca y confiar en que no se haya cometido ningún desmán, pues lo contrario podría significar un freno en la implantación de unidades de sedación paliativa en España y un recelo de los facultativos a aplicar un tratamiento justo y humano, que busca asegurar una muerte digna.