El Parlamento chino autoriza al Ejército a atacar Taiwan si declara la independencia

El Parlamento chino aprobó ayer la llamada Ley Antisecesión por la cual autoriza el uso de la fuerza contra Taiwan en caso de que declare la independencia. La medida ha provocado la furia de los líderes de la isla, que la han calificado de "autorización para la guerra". "China tendrá que pagar un precio por esta ley", advirtió Cho Jung-tai, portavoz del Gobierno taiwanés. Taipei ha convocado una manifestación de protesta para el 26 de marzo, en la que espera reunir a más de un millón de personas. El primer ministro chino, Wen Jiabao, aseguró que el único objetivo de la nueva legislación es "la reunificación pacífica".

Los diputados chinos sancionaron la ley por 2.896 votos a favor, ninguno en contra y dos abstenciones, poco antes de la clausura de la sesión anual de la Asamblea Popular Nacional (APN), que durante 10 días ha reunido en Pekín a los parlamentarios llegados de todo el país. Aunque habitualmente la APN se limita a aprobar de forma abrumadora las propuestas que realiza el Partido Comunista Chino (PCCh), la unanimidad casi absoluta alcanzada en esta ocasión lanza un claro mensaje sobre la importancia que el gigante asiático otorga a la recuperación de la denominada provincia rebelde. Pekín considera la isla parte irrenunciable de su territorio.

La ley, cuyo texto fue hecho público tras la votación, autoriza en su artículo octavo sobre un total de 10 -el ocho es el número de la suerte en China- "el uso de medios no pacíficos" en tres supuestos. El primero, "en caso de que las fuerzas secesionistas para la independencia de Taiwan actúen bajo cualquier nombre o por cualquier medio para provocar la secesión de Taiwan respecto a China"; el segundo, "en caso de que se produzcan incidentes graves que impliquen la secesión", y el tercero, "en caso de que las posibilidades para una reunificación pacífica se agoten completamente".

El texto no incluye, sin embargo, un calendario para la unión ni hace mención a la fórmula "un país, dos sistemas", empleada en Hong Kong, pero que es rechazada por Taipei. La ley tiene algunas cláusulas conciliadoras, relativas al incremento de intercambios entre las dos partes. El portavoz del Gobierno taiwanés, Cho Jung-tai, aseguró que "es una ley que autoriza la guerra" y dijo que "China tendrá que asumir la responsabilidad y pagar un precio" por haberla promulgado. El presidente taiwanés, Chen Shui-bian, ha amenazado anteriormente con introducir una legislación antianexión.

Los analistas políticos aseguran que la iniciativa de Pekín va destinada a poner coto a las ansias independentistas de Chen Shui-bian. "El PCCh teme que si levanta la presión, Taiwan aprovechará para llevar adelante su propia agenda para la autodeterminación", afirma Mark Harrison, especialista en política china del Centro de Estudios para la Democracia de la Universidad de Westminster. "Si lo que quiere China es la reunificación, esta ley es un error. Lo único que hace es alienar aún más a Taiwan, y separarla cada vez más", añade J. Bruce Jacobs, profesor de estudios asiáticos en la Universidad Monash, en Melbourne.

Wen Jiabao insistió en que la ley no cambia el statu quo en el Estrecho, y recordó que la cuestión de Taiwan es "un asunto interno", en el que ningún otro país tiene nada que decir. Pero tanto EE UU como Japón han mostrado su preocupación. "La adopción de la Ley Antisecesión es desafortunada", dijo ayer Scott McClellan, portavoz de la Casa Blanca, según informó la agencia Reuters. "No hace ningún servicio a la paz y la seguridad en el estrecho de Formosa. Creemos que contrarresta los recientes progresos en las relaciones entre ambos lados del estrecho. (...) Nos oponemos a cualquier cambio unilateral del statu quo", añadió McClellan. Por su parte, Hiroyuki Hosoda, secretario jefe del Gabinete japonés, señaló que el Gobierno de su país "estaba preocupado por los efectos negativos de la ley sobre la paz y la estabilidad en la zona".

El mes pasado, Washington y Tokio emitieron un comunicado conjunto en el que citaron a Taiwan como punto de preocupación, lo que provocó las protestas de Pekín. Este movimiento estuvo destinado, según los analistas, a compensar el ascendente poder del gigante asiático. Por otra parte, el primer ministro chino, Wen Jiabao, anunció ayer que el Gobierno va a revisar el sistema judicial de aplicación de la pena de muerte, con objeto de asegurar que se emplee de forma más prudente. La reforma incluirá la devolución al Tribunal Popular Supremo la última palabra en la aplicación de la pena capital, una prerrogativa que perdió en los años ochenta. Wen afirmó, sin embargo, que la pena máxima seguirá en vigor.