El Gobierno de Murcia pide a Trabajo que amplíe el plazo de la regularización
La consejera regional cree que paliará la economía sumergida en la zona
El Gobierno de Murcia, del PP, quiere que el Ministerio de Trabajo amplíe el plazo de tres meses concedido a los empresarios para regularizar a sus trabajadores inmigrantes. La consejera de Trabajo y Política Social, Cristina Rubio, considera que el proceso "paliará la economía sumergida", que afecta en la región al 30% del empleo. El Ejecutivo murciano se desmarca así de la línea oficial del PP, que considera la normalización "un error colosal".
En una entrevista mantenida el pasado viernes con EL PAÍS, Rubio manifestó: "Creemos [en referencia al Gobierno autónomo de Murcia] que no estaría mal que tanto en Murcia como en la Comunidad Valenciana [también gobernada por el PP] se prorrogara el proceso de regularización". La consejera basa su petición en las recientes heladas que han perjudicado la agricultura: "Esa situación excepcional ha provocado la pérdida de jornales, sobre todo para los inmigrantes, no sólo en el sector agrícola, sino también en el de servicios y en el de transporte". Rubio considera que "para el próximo verano la situación se habrá normalizado".
Un portavoz del Ministerio de Trabajo declaró ayer a este periódico que el Gobierno no se plantea, "bajo ningún concepto", ampliar los tres meses de plazo del proceso de regularización. El titular de ese departamento, Jesús Caldera, afirmó en Bilbao que el Ejecutivo celebrará hoy una reunión con los agentes sociales, en la que se abordarán los efectos de las heladas y las características especiales del trabajo agrícola. "El Gobierno escuchará las sugerencias que planteen los empresarios y los sindicatos y verá si es posible tenerlas en cuenta".
En su conversación con este periódico, la consejera de Trabajo y Asuntos Sociales de Murcia se refirió al proceso de normalización de inmigrantes abierto por el Gobierno central desde el pasado 7 de febrero hasta el próximo 7 de mayo en los siguientes términos: "Una de las preocupaciones fundamentales de nuestro Gobierno es paliar en la medida de lo posible la economía sumergida. Y yo creo que el proceso de regularización va a paliarla en parte".
El empleo irregular afecta en Murcia al 30% de la población ocupada, "lo que supone el máximo entre todas las comunidades autónomas", según un estudio reciente publicado por Cajamar. Los datos de ese informe son escalofriantes: "El 28% de los trabajadores no está afiliado a la Seguridad Social, el 66% de los contratados a tiempo parcial son obligados a jornadas superiores a las legales y el 20% de los trabajadores en nómina reciben parte de sus sueldos en dinero negro".
El objetivo del proceso de normalización es, según ha explicado en reiteradas ocasiones la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí, hacer aflorar tanto a inmigrantes sin papeles como puestos de trabajo irregulares, y obligar a los patronos de la economía sumergida a poner al día sus cuentas con Hacienda.
De ahí que la consejera Rubio afirme: "Creo que la principal consecuencia del proceso en nuestra región será la creación de empleo. Y aunque la mayor parte de ese empleo será temporal, preferimos el empleo temporal a la economía sumergida".
Estas declaraciones contrastan con las ideas sobre la normalización expresadas por los líderes de su partido. El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha calificado reiteradamente el proceso como "un error colosal", y ha profetizado: "Cuando termine, habrá más irregulares que antes". Su secretario general Ángel Acebes, ha sido más duro: "Si el mensaje es que en España se pueden conseguir papeles y puede haber procesos de regularización masiva, quienes los promueven son quienes están dando la razón a las mafias que trafican con seres humanos".
Por el contrario, la consejera de Trabajo y Política Social de Murcia afirma: "Es fundamental que nuestros trabajadores tengan la plenitud de los derechos laborales. Eso es lo que nosotros creemos, y a ello contribuye este proceso". Rubio muestra su confianza en que las cifras finales de la normalización en la región "sean positivas".
El precedente de Ana Botella
Las declaraciones de la consejera de Trabajo y Política Social del Gobierno de Murcia, Cristina Rubio, sobre el proceso de normalización de inmigrantes discrepan de la opinión de los líderes del PP en la misma medida que concuerdan con las opiniones expresadas por Ana Botella, secretaria de Acción Social del PP de Madrid y concejal de Empleo y Servicios al Ciudadano del Ayuntamiento de la capital.
Botella ofreció su "colaboración entusiasta" al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el proceso de normalización. En una carta dirigida a la Secretaría de Estado de Inmigración, Botella calificó el proceso de "positivo para la convivencia". En una rueda de prensa celebrada el pasado día 4, también pidió una ampliación del plazo para regularizar a los inmigrantes: "Hay veces que presionar sobre el mercado de trabajo en un período corto [de tiempo] puede tener efectos perjudiciales", afirmó.
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