¿La legalidad tiene precio?

El responsable del área de urbanismo del PSPV-PSOE y ex-consejero de Obras Públicas, Eugenio Burriel, se preguntaba recientemente respecto de las obras del Atrium Beach si la legalidad urbanística se puede comprar mediante componendas y acuerdos entre las partes. No era una pregunta retórica la suya. Pero antes de seguir, recordemos una vez más la situación: El Atrium Beach es un complejo cuyo hotel sobrepasa en 53.000 metros cuadrados la edificabilidad, equivalente a 11 plantas de altura respecto de lo autorizado en el plan general de La Vila Joiosa. A ese exceso hay que añadir otros 6.200 metros cuadrados construidos de forma ilegal en las cuatro torres de apartamentos que cierran el complejo inmobiliario. Todas estas irregularidades se descubrieron porque, desgraciadamente, tres obreros murieron en un accidente laboral.

Todos estos hechos convierten el Atrium Beach en la mayor ilegalidad urbanística de la Comunidad Valenciana. Tan es así que el portavoz del Consell, Esteban González, proclamaba solemne y tronitonante en septiembre del año pasado, al anunciar las sanciones a la inmobiliaria (multa de 12 millones de euros y demolición de las obras realizadas sin licencia municipal): "Tolerancia cero. No pasarán". Ya la elección del tópico debió de poner en alerta a la ciudadanía porque pasar, pasaron. Y cómo pasaron.

Una vez más, salvo sorpresa, todo indica que van a volver a pasar. Eso sí, con las protestas formales de la Consejería de Territorio y Vivienda. Rafael Blasco derramará algunas lágrimas de cocodrilo, se escudará en que se ha respetado la legalidad y poco más. Los antecedentes ya apuntan en esa dirección. Cuando estalló el escándalo, el consejero se mostró partidario de la demolición y mostró su radical oposición a cualquier modificación del plan general. "Mantendremos el máximo rigor en la aplicación de la legalidad urbanística", dijo en agosto del 2004. Pero a finales de febrero de este año su posición pareció mucho más matizada. La última oferta de la promotora al Ayuntamiento no supone ninguna modificación del plan general. Un plan de reforma interior de mejora (y qué mejora) consistente en la cesión de 21.000 metros cuadrados vecinos al complejo del Atrium para dotaciones públicas, más una previsible demolición de dos alturas del hotel para salvar la cara ante la opinión pública, podrían bastar para legalizar las obras.

Quedaría por solucionar los 6.200 metros cuadrados construidos de más en las torres destinadas a apartamentos y que carecen de cédula de habitabilidad. Pero parece ésta una cuestión menor a la vista de lo que ha ocurrido en Marbella, donde se han construido urbanizaciones enteras de manera ilegal, sin que se pueda responsabilizar a los propietarios de los apartamentos de las tropelías cometidas y consentidas por otros. Mira por dónde La Vila y Marbella se encuentran unidas por comportamientos idénticos.

Burriel se preguntaba si la legalidad se puede comprar. La respuesta sólo la tiene la justicia.