El juez ordena el ingreso en prisión de cuatro detenidos

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Miguel Ángel Torres Segura, ordenó ayer el ingreso en prisión de al menos cuatro detenidos en la operación contra el blanqueo de capitales desarrollada en la Costa del Sol. Fuentes de la fiscalía calculan que, de los 41 detenidos, el juez ordenará el ingreso en prisión de 14. Al menos 22 personas han sido puestas en libertad con cargos hasta el momento, incluidos los tres notarios detenidos.

La policía trasladó ayer hasta los juzgados de Marbella a 11 detenidos en relación con la trama de blanqueo de capitales recién desarticulada. Sin embargo, pese a la expectación despertada, fuentes judiciales informaron de que la declaración prevista de Fernando del Valle, el director del bufete que presuntamente estaría en el centro de la red de lavado de dinero, se retrasaría hasta hoy. Durante la mañana fue puesta en libertad una de las últimas empleadas del despacho que aún quedaban por comparecer ante el juez Miguel Ángel Torres Segura, bajo fianza de 6.000 euros, según confirmó su abogado, Javier Núñez.

Hacia las 19.00, la policía se llevó a un hombre de nacionalidad rusa que prestó declaración a primera hora de la tarde y a una mujer de nacionalidad ucrania con destino a la prisión de Alhaurín de la Torre. A las 21.00, la policía salió con otros dos detenidos.

A las 0.30 continuaban declarando ante el juez seis detenidos, ya sin relación laboral con Del Valle, y la mayoría de nacionalidad extranjera, por lo que estaba previsto que sus interrogatorios se demorasen, al necesitar de intérprete. Fuentes judiciales indicaron que podrían ser enviados a prisión.

Núñez informó a los periodistas de que todos los trabajadores de Del Valle Abogados, excepto el propio Del Valle y una secretaria, que al parecer estaban incomunicados, se encontraban ya en libertad con cargos, incluidas la actual esposa y dos hijas del detenido, que trabajaban con él. Durante la entrada y registro del despacho, que se produjo el pasado jueves, fueron detenidos todos los empleados de las delegaciones de Marbella y San Pedro de Alcántara, todas mujeres a excepción del director. Entre ellas se encontraban cuatro abogadas y varias administrativas, traductoras e incluso la recepcionista.

Fianzas de 50.000 euros

Las 12 primeras salieron en libertad con cargos la noche del viernes al sábado tras declarar ante la policía en la Comisaría Provincial de Málaga. En la noche del sábado al domingo fueron puestos en libertad los tres notarios detenidos, tras pagar una fianza de 50.000 euros cada uno, con los cargos de cooperación en el blanqueo de capitales. A continuación, otras seis empleadas de Del Valle salieron sin fianza, aunque con los cargos de blanqueo, a los que en algunos casos se sumaban los de delito contra la Hacienda Pública o falsificación de documentos, aunque Núñez no especificó sobre cuántas personas recaían.

Según reconoció Núñez, yerno de Del Valle, que representó a cerca de 15 de las trabajadoras, el trato que las fuerzas de seguridad dieron a las detenidas "fue exquisito", aunque calificó los medios materiales de los calabozos de "tercermundistas". El letrado dijo que la familia Del Valle "está destrozada", no sólo por las detenciones, "sino por las informaciones" que han aparecido, al provocar "impotencia e indefensión".

El abogado fue muy crítico con el comunicado emitido el día anterior por el Ministerio del Interior, que informaba acerca de la llamada Operación Ballena Blanca, que según él, "entra en el contenido del sumario", pese a que el juez ordenó el secreto de las actuaciones. También dijo que esas revelaciones suponían "un ataque a la presunción de inocencia de Fernando del Valle", aunque no podían "contrarrestar" esas informaciones al no tener acceso al sumario.

Núñez también advirtió de que "el gremio tiene que estar preocupado por lo que pueda ocurrir, porque esto que le ha pasado a Fernando del Valle puede pasar con otros muchísimos despachos". El letrado instó al Colegio de Abogados de Málaga y al gremio en general a "hacer una piña de cara a salvaguardar su profesión". En su opinión, es necesario clarificar hasta qué punto los abogados dedicados al asesoramiento legal y financiero tienen la obligación de investigar el origen del dinero procedente de sus clientes, sobre todo de los extranjeros.

También los abogados defensores de los tres notarios implicados en la operación fueron muy críticos, tanto con la forma en la que se produjeron las detenciones como con el auto judicial por el que se les ponía en libertad bajo fianza, que consideraron inmotivado. "Vulnera todas las garantías constitucionales del procedimiento penal y de forma muy grave las del principio acusatorio", dijo Hipólito Marín, defensor de J. C. C., que dijo que el auto hacía "una implicación genérica y desvaída, sin ninguna consideración al arraigo, disponibilidad y honorabilidad" de los notarios. El abogado de A. B. M. anunció que la semana que viene recurrirá.