El arzobispo de Barcelona advierte a la Administración de que la Constitución garantiza la educación religiosa

El arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Sistach, recordó ayer que la Constitución atribuye a los poderes públicos "la responsabilidad de garantizar los derechos de los padres hacia la educación religiosa y moral de sus hijos" y que la libertad de enseñanza comporta la "pluralidad de opciones educativas".

Martínez Sistach, que clausuró ayer VI Congreso de la Escuela Cristiana de Cataluña, de cuya fundación es presidente, defendió la red de escuelas concertadas al asegurar que "la financiación de la educación con fondos públicos tiene razón de ser como instrumento necesario e indispensable para garantizar el acceso de todos a la educación en un marco de igualdad de oportunidades", informa Europa Press. El arzobispo opinó también que "la escuela cristiana favorece la convivencia y la cohesión social" y defendió la necesidad de garantizar "el conocimiento de la fe cristiana y su contribución a la historia y la sociedad".

"Confío en que nuestros gobernantes encontrarán la forma más adecuada de garantizar el derecho fundamental de los padres de darles a los hijos la formación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones", añadió Martínez Sistach.

Por su parte, Francesc Riu, secretario general de esta institución, pidió ayer que los centros públicos y concertados "reciban el mismo apoyo de la administración educativa, dispongan de una plantilla de profesores y de unos equipos directivos con los mismos criterios, sin establecer diferencias por razón de titularidad". Riu expuso las conclusiones del documento Por un acuerdo sobre la escuela, aprobado por la asamblea representativa de estas escuelas durante el acto celebrado ayer.

Igualdad de oportunidades

En este documento, la fundación se reafirma en su voluntad de ser una institución"abierta a todo el mundo", bajo el principio a favor de la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación sin marcar diferencias "por razones sociales, económicas, culturales, de raza, origen, religión, sexo o nacimiento". Para poder aplicar este principio, según la fundación, las escuelas públicas y concertadas deben ser consideradas por igual "en la programación general de la enseñanza" y la Generalitat tiene que "velar para que los centros dispongan de los recursos necesarios para ejercer su autonomía".

Además, de acuerdo con el documento aprobado, las escuelas cristianas apuestan por que el decreto de matriculación "favorezcan una atención preferente" para aquellos alumnos con una situación social desfavorecida. Este documento contribuirá al debate impulsado por el Departamento de Educación entre toda la comunidad afectada para alcanzar el Pacto Nacional por la Educación.

La Fundación Escuela Cristiana agrupa a casi 500 escuelas concertadas y, con 260.000 estudiantes, escolariza a casi una cuarta parte del total del alumnado catalán.