El fiscal del Supremo solicita que se archive la causa contra Conde-Pumpido

El Partido Popular le denunció por una supuesta prevaricación

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, ha pedido a la sala segunda de este tribunal que archive la denuncia que presentó el secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, contra el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, por considerar que "carece de todo fundamento legal". Por su parte, Juan José Güemes, secretario de Comunicación del PP, recuerda que "el jefe" de Luzón es Conde-Pumpido.

En su informe, el teniente fiscal señala que la denuncia formulada por Granados "no es medio idóneo" y que en ella hay una "total ausencia de indicios de criminalidad", por lo que "considera procedente el archivo de la denuncia". El informe del fiscal, que fue presentado a la sala segunda del Tribunal Supremo, se refiere a la denuncia que presentó Francisco Granados el pasado 4 de marzo contra Conde-Pumpido por los supuestos delitos de prevaricación y revelación de secretos, al haber trasladado a la Fiscalía Anticorrupción la denuncia del PSOE por determinadas actuaciones urbanísticas en Majadahonda, municipio gobernado por el PP.

El fiscal señala que la denuncia presentada "no es medio idóneo para la exigencia de tal responsabilidad". El informe indica que esto "es ya suficiente para proceder al archivo de tal denuncia", si bien procede a continuación a analizar su contenido y los hechos en que se basa, para concluir que existe una "total ausencia de indicios de criminalidad".

Respecto a la acusación de supuesta prevaricación en el decreto firmado por Conde-Pumpido el 25 de febrero, por el que dio traslado a la Fiscalía Anticorrupción de una denuncia presentada por el PSOE sobre actuaciones urbanísticas en el denominado caso Majadahonda, el fiscal afirma tal resolución "en modo alguno es, no ya injusta o arbitraria, sino ni siquiera irregular".

En cuanto al también imputado delito de revelación de secretos, el fiscal considera que "ni era secreta la presentación en la Fiscalía General de la denuncia, ni conocida la misma procedía ocultar a la opinión pública el que el fiscal general había acordado, después de un plazo prudencial de estudio, cuatro días, que también censura el ahora denunciante, darle la tramitación procedente".

Por su parte, el PP de Madrid se preguntó ayer si el fiscal general del Estado y el teniente fiscal "han tratado este asunto" y pidió saber, "si es así, cuáles han sido las instrucciones que le ha dado el fiscal general".

El secretario de Comunicación del PP de Madrid, Juan José Güemes, recordó que "todos los fiscales de España dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado", y apuntó que, por tanto, el informe del teniente fiscal del Supremo, José María Luzón, "lo que dice es que su jefe ha hecho bien las cosas".

Güemes dijo también a Efe que le "vuelve a sorprender la facilidad con que una decisión de la fiscalía se conoce en los medios de comunicación, antes de que la conozcan los que presentan las demandas".

Insistió en que "para valorar adecuadamente esta resolución habría que saber si el fiscal general del Estado y el teniente fiscal del Tribunal Supremo han tratado alguna vez este asunto y, si es así, cuáles han sido las instrucciones del fiscal general del Estado al fiscal del Supremo".

El vicesecretario general del PSM-PSOE, Antonio Romero, pidió al PP que deje de "cuestionar las instituciones del Estado de derecho, y en particular la Justicia sin ningún sustento legal para ello". Aseguró que "esta estrategia de desprestigio sólo tendría sentido si se busca presionar para evitar investigaciones judiciales en las que podrían aparecer involucrados altos dirigentes del PP".

* Este artículo apareció en la edición impresa del 0011, 11 de marzo de 2005.