El Reino Unido deja en libertad vigilada a un islamista reclamado por España

Omar Mahmud Othman, Abu Qutada, reclamado por el juez Baltasar Garzón y considerado el dirigente espiritual al que supuestamente llamaron varios terroristas del 11-M antes de suicidarse en un piso de Leganés, fue puesto ayer en libertad condicional en Londres. Abu Qutada forma parte del grupo de nueve sospechosos de terrorismo a los que el Gobierno británico no puede procesar por falta de pruebas o porque no quiere hacer públicas las que tiene por razones de seguridad. Sobre él pesa una petición de extradición a España desde septiembre de 2003 a la que Londres aún no ha contestado.

Una portavoz del Ministerio del Interior británico declinó hacer comentario alguno alegando que no están autorizados a hablar sobre casos particulares. De hecho, la liberación de Abu Qutada, de 44 años, no ha sido confirmada de manera oficial porque se mantiene el anonimato de los nueve presos que estaban internados de manera cautelar, pero sin posibilidad de ser juzgados, aunque se da por descontada.

La portavoz de Interior señaló que, en cualquier caso, y de acuerdo con la nueva Orden de Detención Europea, las extradiciones no se pueden llevar a cabo hasta que la petición haya sido certificada por el Servicio Nacional de Inteligencia Criminal. Este servicio no había confirmado anoche a este diario si ése era el caso de Abu Qutada. Su liberación ha coincidido de manera accidental, aunque desafortunada, con el primer aniversario del atentado de Madrid, aunque Garzón no le reclama por su hipotética relación con ese caso, sino por su presunta pertenencia a Al Qaeda, para un proceso que comienza previsiblemente en abril.

La puesta en libertad de Abu Qutada y otros ocho presuntos terroristas es consecuencia del dictamen emitido en diciembre pasado por los jueces-lores, actuando como última instancia judicial británica, que declararon ilegal la ley antiterrorista británica de 2001 porque permitía el encarcelamiento indefinido de los sospechosos de terrorismo que no pudieran ser juzgados y que no aceptaran abandonar el país. Se trata en general de individuos contra los que existen pruebas conseguidas por los servicios de inteligencia que el Gobierno no quiere revelar por razones de seguridad o que difícilmente serían aceptadas por un juez.

La ley caduca mañana a medianoche. El Parlamento aprobó ayer, tras dos días y una noche de profundos desacuerdos, la norma que permite aplicar extraordinarias medidas de control sobre esos sospechosos. Las medidas de control acordadas ayer se impusieron de acuerdo a la legislación anterior y fueron decididas por un juez de la Comisión Especial de Apelaciones de Inmigración.

Control electrónico

Los sospechosos liberados ayer deben llevar un collarín para seguir sus pasos electrónicamente, deben estar en su domicilio entre las siete de la tarde y las siete de la mañana, no pueden utilizar teléfonos móviles o Internet, deben pedir permiso a Interior para ver a alguien fuera de su casa, deben vivir en una dirección conocida y que pueda ser inspeccionada en cualquier momento, no pueden recibir visitas si no han sido notificadas antes, deben notificar a Interior su marcha del país y el lugar por el que quieren marcharse, sólo pueden tener una cuenta bancaria y han de notificar cada mes los movimientos de ésta.

Esas medidas se mantendrán cuando el lunes entre en vigor la Ley de Prevención del Terrorismo. El proyecto de ley presentado inicialmente por el Gobierno otorgaba al ministro del Interior plenos poderes para aplicar cualquier medida que le pareciera necesaria para mantener vigilado a un sospechoso de terrorismo, por lo que chocó frontalmente con la oposición de tories y liberal-demócratas. El Gobierno aceptó entonces retirar las medidas que pudieran ser contrarias a la Convención Europea de Derechos Humanos. Luego aceptó que las órdenes de control acordadas por un ministro fueran ratificadas por un juez.

Como la oposición seguía considerando draconiana la ley y tenía capacidad para bloquearla en la Cámara de los Lores, donde los laboristas están en clara minoría, el Gobierno de Tony Blair aceptó que las órdenes fueran impuestas por el juez a petición del ministro, aunque no ha querido ceder en un punto clave: los jueces podrán tomar la decisión si consideran que hay indicios razonables de que el sospechoso puede estar conectado con actividades terroristas, sin acceder a las pruebas. Aceptó más adelante que la vigencia de la ley fuera ratificada cada año por las dos Cámaras del Parlamento. Ayer, tras 30 horas de bloqueo parlamentario y más de 10 votaciones entre los Comunes y los Lores, Blair aceptó que la ley sea revisada dentro de un año y, en su caso, enmendada.