No a la 'omertà'

La moción parlamentaria de censura que el líder del PP catalán, Josep Piqué, defendió ayer contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, sirvió para encauzar con relativa sensatez la crisis catalana, lo que no es poco dado el nivel de crispación alcanzado. Maragall pidió disculpas por sus palabras sobre las comisiones del 3% presuntamente cobradas de las obras públicas por anteriores Gobiernos, pero insistió en reivindicar la transparencia frente a la corrupción. Fue en realidad una disculpa formal que se dirigió a la ciudadanía por la crisis política ocasionada con sus excesos verbales. No hay disculpa alguna, en cambio, sobre el fondo de la cuestión, que corresponde investigar a la comisión parlamentaria y a la fiscalía.

Como resultado de esta actitud, el líder de CiU, Artur Mas, halló argumentos para retirar la absurda querella criminal que había interpuesto ante los tribunales, algo que beneficia a todos y sobre todo a él mismo, pues el destino de la querella no podía ser otro que su rechazo por el Tribunal Superior. Aunque el protagonismo de Piqué oscureció a Mas, no le sirvió para erigirse en verdadera alternativa. Y el Gobierno tripartito logró, en fin, sortear su segunda gran crisis, tras la surgida con el viaje de Carod Rovira a Perpiñán.

A la moción de Piqué habrá que atribuir el mérito de dar a Maragall la oportunidad de enfrentar una sesión parlamentaria de gran dureza con sangre fría y enorme contención, sobre todo si se compara con los múltiples deslices verbales -que Piqué se encargó de recordar con toda exactitud y crueldad- de las últimas semanas. La precisión y los matices de la respuesta presidencial a la crisis ha permitido así la restauración de un clima parlamentario que estaba bajo mínimos. ¿Será suficiente como para recomponer el consenso alrededor de la reforma del Estatuto? Maragall dijo con contundencia que quería transparencia y nuevo Estatuto o nada, de forma que nadie pueda mercadear entre la investigación de la corrupción y la redacción del nuevo texto autonómico. La respuesta de Mas es por el momento de insatisfacción, pues imputó al Estatuto la condición de "tocado". El principal problema de CiU a partir de ahora será cómo desvincular su actitud ante el Estatuto de lo que vaya sabiéndose sobre las prácticas de adjudicación de obras públicas de sus Gobiernos.

La crisis, encauzada pero no resuelta, abre un futuro inmediato más viable para la política catalana, aunque no lo despeja, especialmente la reforma estatutaria. Es de agradecer que no lo abra a base de esconder los cadáveres de todos los armarios, de esa omertá que con todas sus letras evocó ayer Josep Piqué. La limpieza de la vida pública no debe sacrificarse a las reformas legales necesarias, pero éstas tampoco deben aplazarse por la lucha anticorrupción. Algunos sostienen que el "oasis catalán" era un erial cuya factura la pagaba la oposición de izquierda, que terminó cuando CiU y el PP dejaron el poder. En todo caso, ha dejado de existir en su versión de ayudas mutuas frente a la transparencia. Es de esperar que se mantenga en lo que tuviera de menor crispación y formas políticas más correctas.