Gallardón exige a Aguirre 16 millones por tasas cobradas indebidamente
El alcalde no debe pagar por los anuncios que por ley publica en el 'Boletín de la Comunidad'
El Ayuntamiento de Madrid reclama a la Comunidad la devolución de más de 16 millones de euros por el pago de tasas indebidas al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (Bocam), una petición que lleva varios años en los tribunales. Nueve de estos millones corresponden a cantidades fijadas en sentencias judiciales firmes, que, según el Consistorio, el Gobierno regional no le ha abonado."A día de hoy no se han recibido", aseguró la coordinadora general de tributos del Ayuntamiento, Mireya Corredor. La Comunidad replica que está cumpliendo todos los pagos solicitados, incluyendo los intereses de demora.
Este pleito entre gobiernos ha llevado a los tribunales un centenar de procesos por un monto de unos 30 millones. El Ayuntamiento reconoce que ha recibido ya 14,7 millones, una cifra que el Gobierno regional eleva a 18.
Cada vez que un Ayuntamiento inserta un anuncio en el Boletín Oficial está obligado a pagar una tasa, según la Ley General Tributaria. Pero el Ayuntamiento de Madrid mantiene que no deberían incluirse los supuestos en los que la ley impone la publicación de un anuncio, hasta el punto de que, si ésta no se da, el acto no es válido.Varias sentencias del Tribunal Supremo han dado la razón al Ayuntamiento, de tal forma que ya existe jurisprudencia uniforme por este asunto.
En ella, el Tribunal Supremo sostiene que el hecho susceptible del pago de una tasa surge, no sólo al prestar un servicio público o realizar una actividad de la competencia de un ente público como es el Boletín de la Comunidad, sino cuando la prestación se refiere, afecta o beneficia de un modo particular a quien paga la tasa y los beneficiarios son personas concretas.
Por esto, el Supremo ha dictaminado que no deben pagar las publicaciones en boletines oficiales que estén así ordenadas por preceptos legales o que beneficien a la colectividad. Por ejemplo, la publicación de una multa después de que el Ayuntamiento no haya podido notificarla personalmente al deudor no sería susceptible del pago de tasas, según la coordinadora general de Tributos, Mireya Corredor. "La notificación de la multa se publica como una garantía para la persona multada. Pero publicarlo no aporta nada al Ayuntamiento, porque en su mayoría son multas que no cobrará", explicó.
Requerimiento sin respuesta
Pero la principal queja del gobierno municipal es que la Comunidad no atiende a los requerimientos que desde junio de 2001 lleva haciéndole para que le devuelva el importe de las tasas pagadas indebidamente. Además, denuncia que tampoco ejecuta de oficio las sentencias firmes del Supremo sobre los recursos contencioso-administrativos interpuestos tras esas reclamaciones. "Espera a que se solicite la ejecución de la sentencia, lo que dilata los plazos", según Corredor.
Según el Ayuntamiento, desde el año 2001 ha interpuesto 78 recursos contencioso-administrativos por una cuantía de 30,3 millones de euros. De ellos, 37 han sido ejecutados. Además, hay 25 sentencias pendientes de ejecución, por un importe de 9,3 millones de euros, y 16 procedimientos en los tribunales, por un monto de 6,2 millones. Pero las cifras que maneja el Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre son otras. Según un portavoz de la Consejería de Hacienda, habrían sido interpuestos 158 recursos, de los que 85 ya estarían pagados al existir sentencia firme, por un importe de 18 millones. "Es el 53% de los expedientes", agregó.
Además, hay 35 recursos sin sentencia firme por un monto de 7,3 millones de euros. "Los servicios jurídicos de la Comunidad no han informado que haya sentencia, porque puede que todavía puedan ser recurridas", aseguró el portavoz. Igualmente, según él, habría otras 37 sentencias pendientes de pronunciamiento, por un monto de 5,7 millones de euros. El mismo portavoz dijo que con esta deuda, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, "va a cobrar dos veces la misma cantidad", porque son cantidades derivadas del anterior Gobierno regional. Cuando la Comunidad comenzó a cobrar esas tasas, su presidente era Gallardón, mientras que el alcalde de la capital era entonces José María Álvarez del Manzano. Ambos son miembros del PP, al igual que la actual presidenta de la Comunidad.
"Sorprende que Gallardón, que ahora gobierna en el Ayuntamiento, no mantenga el criterio que tenía cuando estaba al frente del Ejecutivo regional", recalca el portavoz de la Consejería de Hacienda. Éste también se mostró extrañado de que en el borrador de la futura Ley de Capitalidad, elaborado por Gallardón, plantee para la ciudad lo que él le niega a la Comunidad. El texto del artículo 33 del borrador señala: "El Ayuntamiento de Madrid estará obligado a publicar en su Boletín Oficial [que aún no existe] cuantas disposiciones, resoluciones, edictos, anuncios, actos o acuerdos les remitan las demás Administraciones públicas, sin perjuicio del abono de la tasa que les corresponda". Mireya Corredor aseguró que el borrador también diferencia actos debidos de los que no lo son. "Además, si el Ayuntamiento pudiera publicar su propio boletín, no estaría obligado a utilizar el de la Comunidad", agregó.
Otro punto que diferencia a Comunidad y Ayuntamiento es la nueva Ley de Medidas Fiscales y Administrativas, que modifica la Ley de Tasas de la región. Según la Comunidad, la modificación "ha recogido las tesis del Supremo", pues cambia el sujeto pasivo al que se le cobra la tasa. Ahora es al contribuyente al que se le apremia, mientras que el anunciante es un mero intermediario, que puede repercutir el pago al contribuyente.
Según el gobierno municipal, esta modificación ha abierto "un nuevo frente en el conflicto", pues abre supuestos en los que no cabe la exención y no tiene en cuenta que en la mayoría de los casos las notificaciones publicadas en el boletín no se traducen en cobros, por lo que es imposible repercutir a alguien la tasa ya pagada. Y considera que choca con la doctrina del Supremo.
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