IB3: nuevas tendencias en la moda balear

Aunque sea a regañadientes, las taifas del Partido Popular contribuyen a cimentar la España autonómica y aprovechan las oportunidades que nos conducen a ese Estado en miniatura concebido por sus little big man periféricos.

Coincidiendo con los festejos de la patria balear, la coalición gobernante proclama haber homologado el rango autonómico de Baleares y elevado la categoría institucional de sus dirigentes. A partir de este inolvidable mes de marzo, los ciudadanos baleares podrán enorgullecerse de sufragar el más sólido pilar del Estado de derecho autonómico: la televisión regional.

Quizá los vítores, discursos y aplausos -ese desaforado entusiasmo de los contribuyentes- agobiaron el 1 de marzo [día del comienzo de emisiones en periodo de prueba de IB3] a las autoridades y no les dejaron disfrutar con plenitud el regocijo de una victoria muy personal, pues quién podía imaginarlos haciendo su propia contribución al endeudamiento público. Quién les iba a decir que abandonarían la soflama del déficit cero y conducirían ellos mismos los presupuestos institucionales hacia el agujero negro de la contabilidad maquillada. ¡Son tan extrañas las tretas que el tiempo emplea para confundirnos!

Ajena a la profundidad de esta reflexión, la oposición increpa con ingenuidad a la coalición gobernante y la acusa de opacidad, nepotismo y alevosía porque evita la transparencia encubriendo sus movimientos, reitera la viciosa costumbre de repartir cargos a modo de favores y lo hace todo mediante acciones innobles y extravagantes.

Pero la retórica justicialista no impedirá a IB3 el diligente cumplimiento de las ordenanzas gubernamentales: contratar el doblaje a las variedades de ese idioma similar al catalán que se habla en cada una de las islas del archipiélago, catapultar a la notoriedad entretenidas veladas y sobremesas, inventar el suspense de los concursos, controlar el sorteo de lotes patrocinados y retransmitir torneos arbitrados sin sombra de duda. Alentados por el optimismo gubernamental, los dirigentes de IB3 conquistarán la audiencia que hoy se aburre soportando a Andreu Buenafuente, Javier Sardá y Julia Otero, los telediarios de Milá, y las historias de los Alcántara y Aquí no hay quién viva.

Estos son los objetivos corporativos de la televisión autonómica que la oposición pronuncia a modo de reproche y el Gobierno oye siempre en forma de envidioso elogio. Pero en el tinglado de IB3 el Gobierno balear introduce una descomunal anomalía cuya envergadura desconcierta a los adversarios, enmudece a los enemigos y confunde a los cómplices desinformados. Una fórmula de gestión insólita cuyo riesgo sólo pueden aceptar los más osados visionarios.

La televisión autonómica balear, sostenida por los fondos que cosecha la Agencia Tributaria, ha decidido ser la primera televisión pública que subcontrata a una empresa privada la edición de los servicios informativos.

Así, mientras el comité de sabios nombrado por el Gobierno central se devana los sesos para diseñar mecanismos de credibilidad y la BBC intenta recuperar a toda costa su prestigio, los mallorquines, de un plumazo y fumándose un puro, zanjan el asunto. Se dice que los programas informativos manejan una mercancía civil delicadísima, que son el test de la confianza comprometida por los gobiernos y que en ellos se verifica o refuta su respeto por la verdad de los hechos. Y qué. En lugar de complicarse la vida buscando para los medios de titularidad pública fórmulas de pluralidad y garantías para una neutralidad inteligente, el Gobierno balear decreta la privatización de los servicios informativos de la televisión pública. ¿A quién se le había ocurrido antes semejante novedad?

Cuando la comisión de control parlamentario advierta en los informativos algún flagrante descuido, una intolerable tergiversación

o alguna alusión ofensiva, y pida cuentas al Gobierno, éste podrá encogerse de hombros y decir: "¡Y a mí qué me cuenta!". Y cuando la comisión de control parlamentario considere excesiva la cobertura publicitaria de los actos gubernamentales, los consejeros podrán replicar: "¿Y qué puedo hacer yo para evitarlo?".

El hallazgo no pasará desapercibido. Pero su rentabilidad va más allá del desahogo que procura a los atribulados gobernantes, bastante ocupados ya en lo suyo para andar además dando explicaciones a los demás. El operativo IB3 es un artilugio de vanguardia que resuelve preocupaciones urgentes: cómo tratar la información, cómo presidir instituciones públicas sin dar cuentas a nadie, cómo potenciar el sector privado con fondos públicos.

El operativo IB3 surge con un desparpajo admirable, pero además se anticipa a su propia época yendo un poco más allá. Para aplicar a la gestión y manufactura de la información las nuevas tendencias de la astucia conservadora, IB3 subcontrata las obligaciones contraídas con el ciudadano a un florido ramillete de empresas sostenidas con fondos públicos. Las compañías están libres de la reglamentación que el Estado se impone a sí mismo para controlarse y sus gerentes no son funcionarios ni profesionales especialmente vinculados a la moral del servicio público. En el caso de darse un atropello cometido por desidia o negligencia, los contratados laborales podrán ser despedidos cuantas veces sea necesario y así se diluirá con ceses civiles lo que todavía hoy se llama responsabilidad política. La utilidad esencial de estos cortafuegos humanos es evitar la implicación del máximo dirigente institucional en cualquiera de los previsibles escándalos que sin duda tendremos oportunidad de contemplar.

Basilio Baltasar es director general de la Fundación Bartolomé March, de Palma de Mallorca.