Barberá defiende la gestión de Escrivá al frente de la Mostra

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, defendió ayer al director de la Mostra, José Antonio Escrivá, y aseguró que hasta el momento "ha cumplido con las exigencias de control que la propia estructura administrativa impone". Barberá realizó estas declaraciones un día después de que la concejal de Cultura, María José Alcón, diera por terminada la etapa de Escrivá en la Mostra por una falta grave de incompatibilidad.

Barberá salió en defensa del cineasta y exigió "respeto a las personas y a los plazos" marcados en el expediente, ya que Escrivá tiene 10 días para presentar alegaciones. La alcaldesa resaltó el "prestigio personal y profesional" de Escrivá y aseguró que como director de la Mostra "ha cumplido con las exigencias de control que la propia estructura administrativa impone". Si ha incurrido en una incompatibilidad, como señalan los servicios jurídicos municipales, deben cumplirse los plazos legales, aseveró Barberá, quien pidió que no se adelanten "juicios públicos". Sin embargo, la propia concejal de Cultura admitió el martes al explicar el dictamen jurídico que el plazo de alegaciones era sólo una formalidad, "un trámite legal que hay que cumplir". Alcón manifestó que el dictamen es "claro y contundente" y dijo que "la decisión política es la que figura en el informe". Los servicios jurídicos, a raíz de una denuncia de Esquerra Unida, afirman que Escrivá cometió una "falta muy grave" y un "abuso de confianza" sancionable con el despido al firmar en julio de 2004 dos facturas de 2.905 euros a nombre de Mascarat Audiovisuales, de la que era administrador único.

El grupo socialista pidió responsabilidades políticas por la gestión del festival. El portavoz del PSPV, Rafael Rubio, destacó que el cineasta asumió la dirección de la Mostra hace dos años por un "compromiso personal con Barberá", por lo que en su opinión la alcaldesa tiene una responsabilidad política en la crisis del festival. El portavoz socialista, no obstante, centró su petición de dimisión en la concejal María José Alcón, porque "tenía una función de vigilancia" directa de la gestión del festival y aceptó, al igual que la alcaldesa, que Escrivá firmara un contrato sin dedicación exclusiva y compaginara la Mostra con su actividad privada. Además, "por coherencia", Barberá debería abrir "un expediente y depurar responsabilidades" si no quiere "cerrar mal el caso", subrayó. Por su parte, el concejal socialista Juan Soto señaló que el equipo de gobierno del PP optó por "un modelo de contrato débil, vulnerable y permisivo". Para el concejal, Alcón debe dimitir porque "tenía la obligación de reforzar el contrato con medidas de control". "No lo hizo porque la naturaleza del contrato se basó en la confianza y el compromiso personal" de Escrivá con la alcaldesa, añadió.

El cineasta salió al paso de la polémica con un comunicado en el que anuncia que presentará un escrito de alegaciones. Escrivá afirma que en el mismo se "sustentará la inexistencia de irregularidad alguna, ni de incompatibilidad, así como la improcedencia del contenido de la notificación recibida" por el Consistorio, y avanza que "serán los tribunales de justicia, en su caso, si antes no hay rectificación por parte del Ayuntamiento de Valencia, quienes darán o quitarán razones". El director asegura que su actividad y "circunstancia" han sido controladas y comprobadas por el Ayuntamiento, sin que recibiera "ninguna advertencia, ni queja". Alcón subrayó el martes que era obligación del cineasta facilitar la información sobre posibles incompatibilidades.

Escrivá se apoya en las declaraciones de ayer de la alcaldesa para resaltar que se ha ajustado en las contrataciones "a lo marcado por la ley" y dice que los "temas económicos" los resolvía la Fundación Municipal del Cine. También considera que el apoyo de Barberá "choca tremendamente" con las declaraciones de Alcón. Escrivá destaca que su sueldo en el festival es de 6.500 euros anuales y que trabaja en la Mostra por ilusión en el proyecto.