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Gallardón plantea donar a las universidades los cadáveres sin identificar

El PSOE denuncia la propuesta municipal y el PP afirma que los socialistas la malinterpretan

El Ayuntamiento se hace cargo cada año de unos 300 enterramientos "de carácter social": sepelios de personas fallecidas sin identificar o cuyos familiares no pueden pagar un entierro. Ahora, el gobierno municipal quiere modificar la norma que regula ese servicio para que los cuerpos sin identificar (unos 20 al año) sean donados a las universidades Autónoma y Complutense y utilizados para "estudios anatómicos". El PSOE ha puesto el grito en el cielo, y el PP anunció ayer que rectificará porque su propuesta "no se ha entendido".

Las Normas para la tramitación de expedientes de abono de los servicios funerarios gratuitos de carácter social en el municipio de Madrid fueron aprobadas por el pleno de abril de 2003, el último de la era Manzano, y regulan el servicio gratuito que el Ayuntamiento está obligado a prestar cuando los familiares de un fallecido o no existen o no pueden costear el entierro. En esos casos, el Consistorio se hace cargo. Eso ocurre unas 300 veces al año, y por cada entierro paga el Ayuntamiento entre 1.176 euros (si es incineración) y 1.932 euros (si es sepultura o nicho).

El gobierno municipal aprobó el pasado 10 de febrero un borrador para introducir modificaciones a esa normativa, borrador que ahora debe ser debatido por los grupos políticos y aprobado o rechazado en pleno. Entre esos cambios propuestos hay uno que al PSOE le ha parecido especialmente reprobable: el que hace referencia a los enterramientos de personas que no pueden ser identificadas y cuyo cuerpo nadie reclama.

Con la nueva redacción, el artículo 4.a del apartado II de las Normas establece que el Ayuntamiento se hará cargo del sepelio de esas personas "una vez haya contactado con las Facultades de Medicina de las Universidades Autónoma y Complutense de Madrid, por si estuvieran interesadas en disponer del cadáver para estudios anatómicos (...), en cuyo caso correría con los gastos la institución que se hiciera cargo del cadáver".

"Eso es inmoral. Ninguna universidad acepta cuerpos de fallecidos que no hayan dado en vida autorización expresa. El Ayuntamiento sólo pretende ahorrarse el dinero de esos enterramientos. ¡Pues que se lo ahorren en otras cosas, la M-30, por ejemplo!", protesta la concejal socialista Carmen Sánchez Carazo.

Sánchez Carazo afirma que su grupo no se niega a que esos cadáveres sean utilizados para "ayudar a la ciencia", pero exige que previamente los servicios municipales "investiguen cada caso" para confirmar que en el entorno del fallecido "no existen impedimentos culturales, religiosos o de cualquier otra índole para la posible utilización de su cuerpo".

Los decanos de Medicina de las universidades Autónoma y Complutense, Valentín Cuervas-Mons y Ángel Nogales, respectivamente, admitieron, en declaraciones a la cadena SER, que hay que dejar muy claros todos los aspectos jurídicos y éticos de la cuestión antes de establecer un procedimiento así. De todas formas, un portavoz de la Autónoma explicó que su Facultad de Medicina tiene en este momento cuerpos suficientes para investigar.

Luis Acebal, vicepresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos, afirmó que la propuesta del gobierno municipal "hiere la sensibilidad" y "falta al respeto" a los fallecidos. "Es una venta de cuerpos", llegó a decir.

"La intención no es ahorrar"

El gerente del organismo Madrid Salud y responsable del borrador, José Manuel Torrecilla, reconoció que "la redacción de ese artículo es confusa", y adelantó que "habrá que cambiarla". Pero quiso dejar claro que su intención "no es en absoluto la de ahorrar dinero" y que la propuesta es "legal". "Lo único que quisimos explicitar es que, en el caso de que los cuerpos se donen a las universidades, los gastos de traslado corren de su cuenta, porque en ese punto había cierto vacío normativo. Pero nosotros no decidimos si un cadáver va a un lugar o a otro, eso sólo lo puede decidir el juez", subrayó.

"De todas formas, si ha generado esta polémica es porque el texto es claramente perfeccionable. Estoy dispuesto a admitir todas las enmiendas a ese punto para llegar a un acuerdo", avanzó Torrecilla.

El umbral de la pobreza

Los enterramientos "de carácter social", pagados por el Ayuntamiento, están previstos para los casos de fallecidos cuyos familiares "no tienen medios suficientes" para pagar un sepelio. El gobierno municipal quiere precisar ahora qué quiere decir exactamente no tener medios suficientes. Y ha puesto el límite en la percepción de una pensión no contributiva (la de jubilados que no han cotizado): 288 euros mensuales.

Las familias que cobren más de esa cantidad no podrán acogerse al servicio funerario gratuito. La edil socialista Carmen Sánchez Carazo considera que ese umbral dejará fuera a muchas personas realmente necesitadas. "¿Alguien cree que una familia que cobre 300 euros mensuales puede costearse un entierro que, como mínimo, cuesta 1.000 euros?", pregunta.

El gerente de Madrid Salud, José Manuel Torrecilla, replica: "En algún punto hay que poner el límite, que estaba sin fijar". Pero añade que este umbral "también es modificable" y que estará "abierto a sugerencias".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Martes, 8 de marzo de 2005

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