Sindicatos y patronal exigen que las comunidades garanticen igual acceso a las prestaciones sociales

Los líderes estatales de CC OO, UGT, y CEOE expusieron ayer sus muchas dudas sobre el proceso de reforma de los Estatutos autonómicos y de la Constitución. José María Cuevas (CEOE), José María Fidalgo (CC OO) y Cándido Méndez (UGT), recalcaron que cualquier modificación debe respetar la igualdad en el acceso a las prestaciones sociales en todo el territorio nacional y la "unidad de mercado" lograda en España y deseada en el conjunto de la UE. Méndez alertó contra el riesgo de que las comunidades "compartimenten" el sistema fiscal.

El presidente de la CEOE, José María Cuevas, abrió el debate que planteó ayer el presidente la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero. Cuevas exigió para las reformas de la Constitución y de los Estatutos "el mismo amplio consenso político y social que tuvieron los textos originales", aunque, en su opinión, "se apunta a la remoción de ese consenso".

Como luego harían los líderes sindicales, Cuevas se mostró favorable a "completar la descentralización del Estado y acercar la Administración al ciudadano". Pero también, quiso marcar límites muy claros a las reformas iniciadas. "No puede acabar en que haya privilegios de unos territorios frente a otros", dijo el presidente de la CEOE, quien se opuso a cualquier menoscabo de la "unidad de mercado" y de la "cohesión social".

En estos dos argumentos abundaron Fidalgo y Méndez. El secretario general de CC OO, tras no encontrar "ninguna causa" que justifique una reforma "urgente" del entramado normativo español, recalcó que los cambios sólo son asumibles si profundizan en el modelo democrático y social auspiciado en la Constitución, si son compatibles con la integración en la Unión Europea y si "no quiebran la establidad económica y política".

Fidalgo se mostró contrario a suscitar un debate a partir de los resultados de las balanzas fiscales. "Primero habría que acordar una metodología, pero se calcule como se calcule, al final se trata de una decisión política". El secretario general de CC OO señaló que un sistema fiscal basado en la progresividad de los impuestos siempre genera diferencias entre las personas, "que viven en unos territorios". Y recordó que las comunidades autónomas tienen ya instrumentos para modificar los parámetros de algunos impuestos y aumentar su recaudación fiscal. "Que yo sepa nadie lo ha hecho, ni los que dicen tener un saldo fiscal negativo".

"Si en la Unión Europea se quiere un proceso de armonización fiscal, ¿cómo vamos a empezar aquí un proceso de dispersión en políticas económicas o fiscales?", se preguntó Cándido Méndez. El secretario general de UGT abogó por "que las empresas tengan la misma fiscalidad" y "no haya salarios mínimos distintos" en cada comunidad autónoma; una situación que Méndez consideró en riesgo según lo anunciado en algunas reformas estatutarias. "Cuando hablamos de que no se rompa la caja de la Seguridad Social, no sólo hablamos de como se recauda sino también de como se gestiona", advirtió Méndez.

Debate andaluz

En coordenadas más regionales se expresó el consejero de Economía, José Antonio Griñán, quien apostó por "restar dramatismo" al debate territorial. Griñán dijo estar de acuerdo "sin reservas" con el contenido de la propuesta común que hicieron hace dos semanas los máximos responsables regionales de CC OO, UGT y CEA. En esa propuesta, los agentes sociales andaluces apoyaron "actualizar" el Estatuto autonómico y "profundizar en el autogobierno". Los agentes sociales andaluces reclamaron que en la nueva norma autonómica se reconozca el papel de la concertación, se incluya una carta de derechos sociales con mención especial a la situación de los inmigrantes y se recoja la exigencia de desarrollar la administración electrónica.

El ex presidente del Tribunal Constitucional, Manuel Jiménez de Parga, también participó en las jornadas. Jiménez de Parga advirtió de que España va camino de ser una "democracia claudicante" ante ciertas exigencias nacionalistas y afirmó que Andalucía es la única comunidad con "fuerza real" para frenar los "desvaríos" de otras comunidades.