La plataforma por la laicidad pide que se revisen los acuerdos con la Santa Sede

La Plataforma Ciudadana por una Sociedad Laica ha presentado al Gobierno su manifiesto, en el que pide la revisión de los Acuerdos Iglesia-Estado de 1979, en particular en los aspectos relacionados con la enseñanza de la religión y la autofinanciación de la Iglesia, y defiende la laicidad del Estado.

Según informó el diputado socialista Victorino Mayoral, presidente de la Fundación Cives y miembro de la plataforma (que está integrada por más de cincuenta organizaciones ciudadanas), el concejal del PSOE por Madrid Pedro Zerolo y él mismo, junto con otros miembros de la plataforma, mantuvieron sendas entrevistas la semana pasada con la ministra de Educación y Ciencia, María Jesús San Segundo, y con la directora general de Asuntos Religiosos, Mercedes Rico, para hacerles entrega del documento y defender la necesidad de una "escuela pública laica basada en los valores recogidos en la propia Constitución".

El manifiesto, presentado a la opinión pública a principios de año, denuncia que en los últimos tiempos "se está produciendo una campaña mediática sobre el Gobierno actual por parte de ciertos sectores conservadores católicos apoyados por la jerarquía eclesiástica, cuyo fin es deslegitimar las iniciativas legislativas progresistas que el actual Ejecutivo está promoviendo".

"Pluralismo moral"

Para la plataforma, en la sociedad española existe hoy "un creciente pluralismo moral y religioso que no es compatible con el intento de ciertos sectores católicos de querer monopolizar la vida moral de los ciudadanos y ciudadanas en este país".

Según la plataforma, la laicidad positiva del Estado, reconocida en el Artículo 16.3, se presenta como "la garantía de la libertad de conciencia para todos, de la igualdad de todos ante la ley, de la no discriminación por motivos religiosos y de la neutralidad del Estado en lo referente a las creencias religiosas y morales de sus ciudadanos".

Victorino Mayoral señaló que la laicidad "no es la religión de los no creyentes, ni una alternativa a ninguna creencia religiosa". Tampoco se trata de "la religión civil de un Estado ni una cruzada o campaña contra la religión", tal como -a su juicio- se mantiene desde algunas instancias que intentan establecer distinciones entre "laicidad" y "laicismo". Se trata, explicó, de un pacto de convivencia en una sociedad como la española en la que los ciudadanos y ciudadanas profesan diferentes o ninguna creencia religiosa, y diferentes opciones morales; por lo tanto, de lo que se trata, agregó, es de hacer efectivo el principio de "libertad de conciencia".

Uno de los puntos del manifiesto plantea que "siempre que se respete y no se perturbe el carácter laico de la escuela pública", la formación religiosa y moral que pidan los padres deberá impartirse en los centros como no evaluable y con criterios como "el trato igual para todas las confesiones" y la libre elección.