Los auditores no responden de los gastos cargados a los constructores

La auditoría realizada sobre el sistema de adjudicación que utilizó la empresa pública GISA en varios contratos durante el último año antes del cambio de Gobierno en Cataluña no sólo se limita a recomendar que se revisen los criterios empleados para puntuar a las empresas adjudicatarias de los proyectos que se analizan.

Otro de los aspectos en los que insisten los auditores se refiere a la imposibilidad de "verificar la correcta imputación individual de los costes soportados ni de los ingresos repercutidos a los contratistas" por un concepto que se carga sistemáticamente a las empresas que obtienen un proyecto: los trabajos de coordinación de seguridad y salud en la ejecución de la obra de replanteamiento, dirección, inspección y liquidación de obras, y también en los gastos de control de calidad de las mismas obras.

La facturación por esta suma de conceptos se realiza cada mes, pero el auditor subraya que la empresa GISA "no mantiene un control analítico completo de los gastos" que se imputan en cada uno de los proyectos de forma individualizada. Es decir, que no se puede validar si el coste que se le repercute al contratista es correcto porque es imposible saber si la cifra que han debido pagar los contratistas por estos conceptos se corresponde con los costes reales de cada proyecto.

Como conclusión, los auditores recomiendan a GISA que, para los proyectos cofinanciados con fondos estructurales, establezca un sistema de costes "pertinente, que permita la justificación detallada y de forma individual de los importes facturados a los adjudicatarios de los diversos proyectos como retribución para la prestación de los trabajos facultativos mencionados anteriormente".

Sobrecoste del 6%

Habitualmente, y en virtud de un convenio de colaboración firmado con la Generalitat de Cataluña, la empresa pública GISA computa como ingreso propio un 6% del presupuesto de obra según el proyecto aprobado por la Administración. La cantidad que resulte en cada caso es facturada por GISA al contratista que se adjudica las obras.

La Intervención de la Generalitat explica que los constructores que se interesan por un determinado contrato saben, porque así lo estipulan los pliegues de inversiones, que si el proyecto les cuesta, por ejemplo, cien, se les deducirá seis para sufragar los mencionados costes de coordinación de seguridad y salud en la ejecución de la obra de replanteamiento, dirección, inspección y liquidación de obras y de gastos de control de calidad de estas obras. Los constructores suelen ajustar el precio de sus ofertas a esta práctica.