Sin competencia no puede haber excelencia

La reciente publicación de las conclusiones del Informe PISA 2003, que evalúa los conocimientos de los escolares de 15 años en 41 países (todos los de la OCDE, más otros 11 no pertenecientes a esta organización), ha dado lugar a todo tipo de comentarios. En nuestro país, el más frecuente ha sido subrayar la mala posición que alcanza nuestro sistema educativo: España es el país número 26 en la clasificación de excelencia educativa, sobre un total de 41 naciones, con una puntuación de 485 puntos cuando la media es de 500 y el país mejor situado (Hong Kong) alcanza los 550 puntos.

Si nos atenemos exclusivamente a los 30 países desarrollados integrantes de la OCDE, España ocupa el puesto 24 en matemáticas, el puesto 23 en comprensión lectora y el 22 en ciencias, con una puntuación muy alejada del país mejor clasificado, que es Finlandia. En este sentido, es oportuno indagar cuáles son las características del sistema educativo finlandés, ya que ha sido el más eficaz de toda la OCDE. Y comprobamos que en este país nórdico se da amplia libertad a los centros para organizar las enseñanzas. El Estado marca el 75% de enseñanzas comunes, y el resto lo organiza el colegio con participación activa de estudiantes y familias. Los padres pueden elegir libremente el centro de escolarización de sus hijos y los profesores gozan de un alto nivel de formación, un alto prestigio social y una libertad casi absoluta para trabajar con los alumnos.

A todas luces, el éxito finlandés se basa en la autonomía de organización, la libertad de elegir y la capacidad de implicar a todos, familias, profesores y alumnos, en el proceso educativo.

El caso de España es muy distinto. Según el Informe PISA, en los últimos cuatro años los niveles españoles han empeorado, y hoy día un 23% de nuestros alumnos no alcanzan la puntuación mínima, mientras que otros países europeos, competidores directos, han mejorado sensiblemente.

Estos datos son muy relevantes, porque para elaborar el Informe PISA se examinó a más de 275.000 alumnos, de los cuales casi 11.000 eran españoles. Dado lo extenso de la muestra y lo riguroso del sistema de análisis, no cabe echar en saco roto los resultados. España está más bien en la cola del ranking de excelencia educativa en enseñanzas medias, sobre todo en matemáticas, disciplina que en esta ocasión ponderaba casi la mitad del resultado global del Informe. Superan a España todos nuestros socios de la Unión Europea, excepto Grecia, Italia y Portugal, y el único consuelo que nos otorgo la tabla es la compañía, dos puestos y dos puntos más abajo, de Estados Unidos, cuyo sistema educativo en los niveles medios es unánimemente considerado comO deleznable.

Por otra parte, la puntuación global de los alumnos escolarizados en centros específicamente privados españoles es mucho más alta (520 en matemáticas, cifras similares en el resto de las materias) que la que obtienen los estudiantes de centros públicos (472 en matemáticas), e incluso de los centros concertados (505). Se puede afirmar que nuestra baja clasificación en el ranking es atribuible, pues, a las deficiencias de la enseñanza directamente administrada por el sector público.

Debo añadir que la afirmación anterior, a pesar de ser evidente, no es unánimemente compartida. En las conclusiones del Informe PISA 2003, que distribuye el Ministerio de Educación español, se atribuye esta diferencia entre centros privados y públicos a que los primeros "acogen predominantemente a una población escolar con superior nivel socioeconómico y cultural", y a continuación se añade que "si se detraen los efectos producidos por este factor, la diferencia de puntuaciones quedaría reducida a un solo punto", es decir, "resultados muy parecidos".

Esta cuestión suscita dos interrogantes de interés: el primero, ¿por qué el Estado con su política de financiación propicia que a los centros privados españoles solamente puedan acudir alumnos de cierto nivel socioeconómico y cultural? Y el segundo, ¿cuál es la razón por la que las familias escolarizan a sus hijos pagando cantidades estimables en centros privados cuando los resultados "reales" de los centros públicos son "muy parecidos", siendo estos últimos gratuitos?

Lo cierto es que, independientemente de interpretaciones más o menos afortunadas, los alumnos de centros privados acaban su escolarización mucho mejor preparados que los de la enseñanza pública, tal como demuestran estos resultados.

Las conclusiones para España del Informe PISA 2003 revelan que la educación en nuestro país se encuentra estratificada, como repetidamente hemos subrayado, y cabe preguntarse la razón por la que los alumnos de menor nivel socioeconómico no puede acudir a centros privados. La respuesta es, como es lógico, porque en España no existen fórmulas que, de manera activa (cheque escolar) o pasiva (deducciones fiscales a lo invertido en educación) permitan a las familias modestas matricular a sus hijos en centros privados.

La estratificación, a su vez, elimina la competencia entre centros, y con ella, la excelencia, que en la enseñanza, como en los demás órdenes de la vida, se deriva de la capacidad de los consumidores de elegir entre diversas ofertas en pie de igualdad.

Ante la mala calificación del sistema educativo español (al menos en el nivel examinado, correspondiente a los quince años), algunos analistas de indestructible optimismo pregonan "el carácter integrador y comprensivo del sistema educativo español", sin reparar en que este supuesto carácter lo que hace es "integrar" a los alumnos por abajo, esto es, en la mediocridad.

También es magro consuelo referirse a la supuesta "equidad" del modelo porque facilita a todos los educandos una oferta educativa, ya que en la práctica se limita a eso, a facilitar solamente una y a no reconocer la libertad de elección de las familias, de suerte que únicamente las de mayor nivel económico pueden ejercer en la práctica este derecho.

Tampoco parece que las deficiencias de nuestro sistema educativo sean atribuibles, como reiteradamente se ha señalado, a un insuficiente gasto por alumno, por dos razones que también refleja el Informe PISA:

En primer lugar, porque España ocupa un puesto intermedio en la tabla por inversión educativa, cuando en resultados se sitúa claramente entre los últimos.

Y porque países como Estados Unidos, que duplican el gasto español por alumno, se encuentran todavía más abajo en la clasificación. A la inversa, naciones como Corea, con un gasto educativo muy modesto, se encuentran entre los mejor puntuados. En resumen, el problema no es de inversión, sino del modelo en que se inserta esa inversión, y el nuestro es a todas luces deficiente.

El que quiera sacar conclusiones del Informe PISA 2003, y hacerlo sin prejuicios ideológicos, sin el fácil recurso a las frases huecas y triunfalistas, o sin retorcer el sentido de los datos hasta darles el sentido contrario al que lógicamente tienen, podrá deducir sin sombra de duda que:

Nuestro sistema educativo sale muy mal parado en términos globales.

Que las deficiencias se acumulan en los centros públicos, que hacen disminuir ostensiblemente la media de España. Que los sistemas menos rígidos de enseñanza, la descentralización y autonomía de los centros son factores que logran mejorar los resultados, como se demuestra en la mejor puntuación obtenida por los centros privados. Que la eliminación de la competencia entre diversos tipos de centros, la restricción de las ofertas disponibles para las familias y la estratificación del modelo según niveles de renta tienen demoledores efectos sobre la excelencia educativa. Para evitar todo ello bastaría restablecer el principio de libertad de elección, que recoge el artículo 27 de la Constitución Española, con políticas de financiación directa a las familias en lugar de a los centros.

Y finalmente, que una mayor inversión en educación no será sinónimo de mejora educativa si se inserta en un modelo plagado de ineficacias.

El análisis de esta situación, y de las formas para resolverla, ha sido precisamente el objeto de la VII Convención de Centros de Acade (Asociación de Centros Autónomos de la Enseñanza Privada), que se celebró en Lanzarote del 3 al 6 de marzo, y en la que se ha reflexionado sobre la función que debe cumplir la enseñanza privada en el empeño de alcanzar la excelencia educativa.

Jesús Núñez Velázquez es presidente de la Asociación de Centros Autónomos de la Enseñanza Privada (Acade).