Chanchullos bajo cuerda

La Fiscalía Anticorrupción investigará supuestos delitos de tráfico de influencias y prevaricación en relación a la política urbanística del Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), gobernado por el PP con mayoría absoluta. Hay corrupción cuando funcionarios públicos se desvían de la norma para favorecer intereses privados, personales o de partido. Existen indicios de que eso es lo que ha ocurrido.

No todo comportamiento corrupto se convierte en escándalo. La ley del silencio viene encubriendo desde hace años comportamientos ilícitos que se consideran normales como forma de financiación bajo cuerda de los ayuntamientos o de los partidos que los gobiernan. En el de Majadahonda, la empresa municipal que gestiona todo lo relativo a terrenos y edificaciones realizó operaciones de permuta de suelo municipal apto para edificar viviendas libres por otras parcelas, propiedad de empresas privadas, destinadas a pisos de protección oficial. Las compañías beneficiadas por la permuta pagaban al Ayuntamiento una cantidad por piso construido en esas condiciones. Al margen de otras consideraciones, el caso demuestra la posibilidad de que los ayuntamientos contribuyan al encarecimiento de las viviendas, cuando debería ser al revés.

El asunto se convirtió en escándalo por las discrepancias surgidas entre dos sectores del PP local sobre la adjudicación en concurso público de una determinada parcela. La resolución a favor de una empresa fue modificada tras cambiar su calificación el arquitecto municipal. El ex alcalde, que dimitió por su desacuerdo con esa decisión, la atribuye a intereses inconfesables en una conversación cuya grabación ha sido difundida. Otras grabaciones relacionan a altos cargos regionales del PP con la decisión. Y han aparecido vinculaciones indirectas de algunos de los que tomaron las decisiones con empresas beneficiadas por las mismas.

En conjunto, un embrollo que hacía conveniente la intervención de la fiscalía. Ya se verá si hay delito o no, pero de momento las explicaciones dadas por el PP son de una insustancialidad supina: que el Gobierno "odia y desprecia" a la Comunidad y lanza al fiscal contra ellos porque no perdona que el Partido Popular gobierne en Madrid, o que la política urbanística de la zona no debe ser tan mala cuando en ella viven varios ministros y ex ministros socialistas. Nada de eso explica por qué se cambió el resultado del concurso y por qué tuvo que dimitir el alcalde.