El ministerio público observó hace un año anomalías en la cesión de suelo en Majadahonda

En el informe que elevó el fiscal de Urbanismo de Madrid al fiscal general se apelaba a la necesidad de que haya fiscales especialistas en urbanismo y medio ambiente y, en concreto, se advertía de irregularidades urbanísticas en Majadahonda.

Según las diligencias que el fiscal Valerio tramitó entonces sobre Majadahonda, las irregularidades se cometían supuestamente a través de la empresa Pammasa, de titularidad municipal. A través de esta empresa, Majadahonda gestiona su suelo público y lo vendía en el mercado. Valerio investigaba entonces una denuncia del PSOE sobre esta empresa, pero su jefe directo, Manuel Moix, le ordenó que remitiese las diligencias ya instruidas a los juzgados de Majadahonda para que siguiesen allí las pesquisas.

Valerio redactó una denuncia en la que ponía de manifiesto el hecho de que el Ayuntamiento de Majadahonda hubiese cedido el suelo a Pammasa para que ésta se encargase de contratar la urbanización encaminada a la construcción de un hospital (el nuevo Puerta de Hierro). Según Valerio, ello había supuesto casi triplicar el presupuesto inicial para la urbanización del citado solar. Si la cesión la hubiese hecho el propio Ayuntamiento mediante su aprobación en un pleno, el suelo habría salido a concurso, pero al hacerlo a través de Pammasa -que, aunque con capital público, es una sociedad mercantil-, esta sociedad no está sometida "a los requisitos y cautelas establecidas para la contratación pública" y podían adjudicar a dedo las obras.

El fiscal denunciaba que el presupuesto de urbanización inicial, casi 15 millones de euros, había pasado a casi 39 millones tras la intervención de Pammasa. En esa denuncia, Valerio indicaba otra supuesta irregularidad fruto de la anterior. "Con objeto de afrontar el Ayuntamiento tan extraordinario e inexplicable gasto público [el incremento del coste de la urbanización del suelo del hospital], se recurrió a un procedimiento de permuta de parcelas" que quebrantaban la legalidad.

La ley obliga a que un 50% de las viviendas que se hagan en suelo municipal sean sociales. Según la denuncia, desde el Ayuntamiento se permitió a constructores eludir esa obligación haciendo pagos al Ayuntamiento equivalentes a los que suponía no tener que hacer esas viviendas sociales y hacerlas todas de precio libre.