Los pacientes que toman hormona del crecimiento temen que el control del dopaje afecte su terapia

No quieren ser los que paguen el control de las sustancias dopantes. Unas 7.000 personas (unos 2.000 adultos y 5.000 niños, según las asociaciones de afectados GH Adultos y Crecer) pueden tener que cambiar sus costumbres si se confirma que la hormona del crecimiento se dispensará sólo en hospitales.

El control de la hormona ha sido anunciado por el Ministerio de Sanidad y la secretaría de Estado para el Deporte para luchar contra el dopaje deportivo. Pero ello choca con el sistema habitual: con receta médica y aprobación del comité de control, los afectados pueden comprar la hormona (GH). Tienen que pincharse cada día. "Si se vive en un pueblo y hay que ir al hospital todas las semanas, se pierde mucho tiempo y calidad de vida", se queja Antonio Liger, presidente de la Asociación de Pacientes Deficitarios de GH Adultos.

Sanidad estudia alternativas. "La hormona podría conseguirse en centros o ambulatorios", ha explicado al directora de la Agencia Española del Medicamento, María del Val Díez. Pero este sistema no satisface a todos. "La ley dice que para dispensar un medicamento hace falta un farmacéutico. ¿Van a poner uno en cada centro?", dice Liger. "Y hay problemas técnicos, como mantener de la cadena del frío".

La presidenta de Crecer, Nuria de Oro, no ve tantos problemas. "Sería un cambio, pero como tenemos que ir al ambulatorio por las recetas, si se dispensara en los centros nos evitaríamos ir a la farmacia", dice.

La dispensación en hospitales no es habitual, pero se realiza en algunos casos. Quizá el más numeroso sean los infectados por el VIH (unos 70.000, según el Plan Nacional), que tienen que recoger una vez al mes el tratamiento.

Sanidad quiere evitar el desvío de fármacos a deportistas que los usan para mejorar antideportivamente su rendimiento. Según el ministerio, un 20% de la hormona se despacha sin controles. "Pero ningún paciente al que se le recete vendería la hormona, porque la necesita. Para conseguirla basta con acudir a Internet o a una consulta privada", objeta Liger.

El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid está molesto por perder el negocio (el tratamiento cuesta, a precio de venta al público, más de 15.000 euros al año), pero sobre todo por la acusación de falta de control. "El principal problema del cálculo de la Agencia Española del Medicamento es ver como desvío al mercado negro la diferencia entre envases de los laboratorios y recetas del Sistema Nacional de Salud". Según el presidente de los farmacéuticos madrileños, José Enrique Hours, el ministerio no tiene en cuenta las recetas "procedentes de la práctica privada médica".

Para los farmacéuticos el problema es la necesidad de crear un modelo de receta único y seguro. "Hay facultativos que se limitan a extender sus recetas privadas, con problemas de legibilidad, en un simple papel blanco con un membrete, sin validación de la Administración", señala Hours. Para los farmacéuticos, antes que nada debería regularse esta práctica, y mientras dejar que quienes necesitan la hormona sigan comprándola en las farmacias.