La fiscalía investigará la acusación de Maragall de que CiU cobró comisiones

Ni 24 horas ha tardado la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en tomar cartas en el asunto del supuesto pago de comisiones en las adjudicaciones de obras públicas por el Gobierno de CiU. La acusación fue lanzada por el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, en la sesión monográfica del Parlamento sobre la crisis del Carmel. El fiscal jefe, José María Mena, informó ayer de que había solicitado a la Cámara el acta de la sesión del jueves para "acreditar la certeza y verosimilitud" de un hecho que de ser cierto podría constituir un delito de malversación de caudales públicos.

Mena decidió actuar a la vista de lo que recogían todos los medios de comunicación sobre la acusación lanzada por Maragall a Mas, y no quiso hacer comentario alguno sobre la celeridad de la reacción de la fiscalía en esta ocasión. La práctica de actuar de oficio a la vista de noticias publicadas en la prensa no es nueva, al menos por parte de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que utilizó ese sistema en no pocas ocasiones cuando era dirigida por Carlos Jiménez Villarejo. En el caso de la afirmación de Maragall -"el problema de CiU se llama 3%"-, Mena explicó ayer que la fiscalía abrirá "diligencias preprocesales" una vez reciba el acta de la sesión de Parlamento catalán.

Por diligencias preprocesales se entiende una serie de comprobaciones y averiguaciones para aclarar si hay o no indicios de alguna actuación delictiva y presentar ante los juzgados una denuncia o querella contra los supuestos autores. Este tipo de investigación no tenía un tiempo acotado y la reforma del Estatuto Fiscal -en mayo de 2003- lo estableció en un máximo de seis meses, plazo sólo prorrogable si así lo autoriza el fiscal general del Estado.

Fuentes del Parlamento señalaron ayer que los servicios jurídicos de la Cámara remitirán al fiscal el acta y la transcripción oficial del pleno el próximo lunes.

Mena no quiso dar muchas explicaciones de qué derroteros puede tomar ahora la investigación. Se limitó a afirmar que abrirá diligencias para averiguar si puede deducirse que hay "un delito de malversación de caudales públicos u otros". La malversación de caudales públicos sería el supuesto desvío de dinero público para la financiación de CiU. Cabe la posibilidad, entonces, de que el caso pudiera ser investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

En el curso de esas "diligencias preprocesales", la fiscalía podría requerir el testimonio del presidente de la Generalitat para que se ratificara o no en las afirmaciones. En relación con ese asunto, el consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, declaró ayer a la cadena SER que se basan en "un rumor y un clamor latente", pero sin tener pruebas para sustentarlo.

Al ser preguntado sobre si la fiscalía debería cerrar las diligencias si Maragall se retractara, el fiscal jefe comentó que se trata de delitos perseguibles de oficio que no dependen de que se mantenga una acusación particular. Puso el ejemplo de las denuncias por malos tratos cuando las víctimas retiran la denuncia, pero el proceso sigue impulsado por el fiscal.

Mena no quiso revelar qué tipo de actuaciones tiene previstas. En algunas investigaciones internas de la fiscalía se llama a declarar a las personas que pudieran estar relacionadas con los hechos que se averiguan. A veces se interesa de la Administración que aporte información sobre lo que se averigua, que en este caso podría referirse a las empresas adjudicatarias de la obra pública en la etapa del anterior Gobierno.

Que el asunto acabe en los tribunales no depende sólo del fiscal. Una denuncia presentada sobre el mismo hecho por un particular ante un juzgado puede propiciar el inicio de la investigación. Eso ocurrió en el que fue llamado caso Prenafeta, a propósito de supuestas incompatibilidades del ex secretario de Presidencia Lluís Prenafeta. En aquel caso, que estalló en 1990 y fue el detonante de la dimisión de quien fue considerado brazo derecho de Jordi Pujol, la fiscalía de Barcelona no obtuvo el permiso de la Fiscalía General del Estado para presentar denuncia o querella, y fue la denuncia del sindicato CNT la que propició que un juzgado investigara si había existido incompatibilidad o no. El asunto fue finalmente archivado.

A propósito de la iniciativa de la fiscalía, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, se limitó a señalar el respeto a las decisiones que tome la judicatura. Por su parte, Rafael Romero, presidente de la Cámara de Contratistas, calificó de "negativo y peligroso" abonar el sentimiento difuso de que política y corrupción van unidas. Romero calificó de "desafortunadas" las acusaciones de Maragall.