El Parlamento catalán crea una comisión de investigación y una oficina antifraude

Al final habrá comisión de investigación parlamentaria por el caso Carmel. Los socialistas catalanes aceptaron ayer la creación de una comisión de carácter político, pero con la presencia de siete técnicos, para aclarar, no sólo por qué se hundió el túnel de maniobras del Carmel, sino también cómo se han venido adjudicando y financiando las obras públicas entre 1999 y 2005. La creación de la comisión se votó por unanimidad de todos los grupos de la Cámara catalana y deberá presentar sus conclusiones en dos meses. Asimismo, todos los partidos, excepto Convergència i Unió, aprobaron crear una oficina antifraude.

Veintinueve días después del primer hundimiento en superficie y del desalojo de más de mil vecinos del Carmel, los cinco grupos políticos que integran el Parlamento de Cataluña se pusieron de acuerdo, ayer, para que una comisión política investigue el porqué de un accidente que el mismo consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, calificó de "evitable".

Tras largas negociaciones entre los cinco grupos políticos, peticiones de dimisión de hasta cinco consejeros y el cese de un director general y del presidente de la empresa pública GISA, los cinco grupos acordaron que la comisión creada trabajará durante dos meses mano a mano con siete técnicos en geología y obras públicas para depurar responsabilidades. Estos técnicos, elegidos por una mayoría de las tres quintas partes de los integrantes de la comisión, participarán en los trabajos con voz, pero sin voto.

Como quería el Partido Popular, la comisión investigará, no sólo como se ha gestionado la crisis del Carmel, sino también el conjunto de un proyecto que inició la Generalitat, bajo las riendas de Convergència i Unió, en 2001.

La agria polémica por el presunto cobro de comisiones ilegales por parte de CiU al adjudicar obras públicas también hizo que los partidos de izquierda, ahora en el Gobierno, y el PP presionaran para que la comisión sirva para investigar en este sentido.

Asimismo, ayer se aprobó formalmente la creación de una oficina antifraude que debe detectar y evitar irregularidades en el seno de la Administración catalana, una iniciativa ya recogida en los acuerdos para la formación del Gobierno tripartito. La oficina se enmarcará en el departamento de Presidencia y trabajará bajo la supervisión del conseller en cap, el republicano Josep Bargalló. CiU fue la única formación contraria a la creación de esta oficina.

Los grupos que integran el tripartito (PSC, ICV-EUiA y ERC) bloquearon la reprobación del consejero de Política Territorial y sumaron sus votos para pedir un proyecto de ley regulador de la obra pública en Cataluña.