Maragall acusa a CiU de corrupción y lo retira tras la amenaza de Mas de boicotear el Estatut

El presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, y el jefe de la oposición y líder de Convergència i Unió (CiU), Artur Mas, mantuvieron ayer uno de los duelos dialécticos más crispados que los parlamentarios recuerdan. Fue a propósito de la sesión plenaria monográfica en la Cámara catalana, dedicada al caso del hundimiento del túnel del metro del Carmel, en Barcelona. Maragall acusó a CiU de quedarse con el 3% de los costes de la obra pública que adjudicó cuando estuvo al frente del Gobierno catalán. Maragall se vio obligado a rectificar ante la amenaza de Mas ante el pleno de romper el consenso para sacar adelante la reforma del Estatuto catalán, que se halla en trámite de ponencia parlamentaria.

Artur Mas: "Ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas"

Carod: "Si no podemos aceptar limitaciones de fuera sobre el Estatut, tampoco de dentro"

Piqué: "El clamor de la sociedad catalana se ha confirmado por boca del presidente"

Pasqual Maragall: "Ustedes tienen un problema que se llama tres por ciento"

Joaquim Nadal: "El Estatuto no puede estar sometido ni a presiones ni a precios"

El 3% es el porcentaje que supuestamente pagan los constructores a gobiernos o partidos políticos para la obtención de contratos de obra pública o concesiones de servicios. Este asunto tabú, que sólo había sido mencionado en épocas recientes de la Administración convergente por el líder de los republicanos, Josep Lluís Carod Rovira, campó ayer de nuevo a sus anchas en el pleno dedicado al Carmel.

Reto al presidente

Por la mañana, el consejero de Política Territorial, Joaquim Nadal, ya denunció el funcionamiento de la empresa pública GISA, que gestiona y adjudica obras públicas por encargo directo del catalán. Criticó "su burocracia, su enmarañada toma de decisiones, su ineficaz estructura interna y el círculo vicioso" de la "externalización, concentración de adjudicaciones en unas pocas empresas, autocontrol y subcontratación" de la obra pública. Nadal anunció una profunda reestructuración de la empresa. El consejero se abstuvo de hacer acusaciones directas contra CiU. Tampoco lo hizo en sus respuestas al portavoz nacionalista y predecesor en el cargo, Felip Puig, quien por la tarde denunció que Nadal había roto el círculo de confianza entre GISA, sus técnicos y las empresas constructoras. "Mire", le respondió el consejero, "quizá hemos roto otra clase de círculo".

Los convergentes, a cada insinuación, se revolvían en sus escaños. Hasta que Mas apareció en la tribuna y desafió al Gobierno catalán a que lleve las pruebas de sus acusaciones a los tribunales. Al tiempo, retó al presidente de la Generalitat a intervenir en el debate si no quería convertirse "en la imagen viva de la impotencia política".

Maragall se resistió inicialmente. Al final accedió al pulso "para no imitar", como afirmó el consejero Nadal, a Jordi Pujol, que se mantuvo impasible sentado en su escaño cuando el ahora presidente de la Generalitat le presentó una moción de censura en 2002. Maragall cogió el micrófono y acusó a Mas de haber roto una de las reglas parlamentarias no escritas. A saber, el respeto a los diputados y a la figura del presidente de la Generalitat. "Ustedes se han picado, se sienten culpables, se sienten señalados por una acusación que nadie les ha lanzado. La historia les pasará factura". Mientras, desde la bancada de CiU se oía repetir que Mas había ganado las elecciones. "Ha ganado tantas que no le veo gobernar", le espetó el presidente catalán.

Mas, profundamente molesto, le contestó: "Usted tiene la piel muy fina, el orgullo lleno y el amor propio hinchado. No le hemos hecho ninguna acusación personal". En este toma y daca, Maragall sentenció: "Ustedes tienen un problema que se llama 3%".

Artur Mas se levantó con cara de pocos amigos y le amenazó: "Usted ha perdido los papeles. Si debía terminar su turno de esta manera se lo hubiese podido ahorrar. Sabe que nuestro grupo estaba dispuesto a colaborar, a hacer cosas conjuntamente con ustedes, pero ahora mismo acaba de mandar esta legislatura a hacer puñetas y ha roto la confianza". Mas, sin mencionarlo, se refería a que se ponía fin a la participación de CiU en la redacción del nuevo Estatuto catalán, rompía la colaboración de CiU, una amenaza con la que la federación nacionalista ha amagado desde que el tripartito decidió poner en marcha la reforma del texto.

"Accedo a su demanda", dijo Maragall a modo de disculpa, "porque Cataluña tiene ante sí cosas muy importantes que hacer y quiero que se cumplan". "Su rectificación no le humilla. Pero si tienen pruebas vayan a los tribunales", respondió Mas.Pero la sombra del 3% siguió planeando sobre el hemiciclo, hasta el punto de que el propio consejero de política territorial, Joaquim Nadal, tuvo que aclarar que el Gobierno del que forma parte no se arredrará por las amenazas de CiU. Sin citar el candente porcentaje, Nadal afirmó: "La transparencia es un compromiso que este Gobierno ha asumido y es evidente que el Estatuto que elaboremos no puede estar sometido a ninguna presión ni a ningún precio", dijo en clara referencia a las presuntas comisiones ilegales.

El principal socio de Gobierno del PSC, Esquerra Republicana, también abordó sin complejos la espinosa cuestión y, por boca de su líder, Josep Lluís Carod Rovira, lanzó una clara advertencia a CiU: "Este Parlamento no puede tolerar ninguna expresión por parte de nadie que pueda ser interpretada como una amenaza que pueda ser utilizada como moneda de cambio para la elaboración del nuevo Estatut", afirmó Carod, antes de apostillar: "Si no podemos aceptar limitaciones de fuera,

tampoco de dentro". "Honradez sí, cuentas claras, también", concluyó Carod.

"Lamentable espectáculo"

El popular Josep Piqué ahondó en este conflictivo porcentaje y reclamó que la comisión de investigación parlamentaria sobre el Carmel aborde el sistema de adjudicación de obras en la anterior Administración de CiU. "El clamor de la sociedad catalana se ha confirmado por boca del presidente Maragall; es decir, que las adjudicaciones iban parejas a una comisión. Pues hablemos de ello. Que se discuta en la comisión", manifestó Piqué.

El líder del PP catalán lamentó el "triste y profundamente lamentable" espectáculo que dieron Maragall y Mas en el debate, sobre todo al tratar "una cosa tan seria como el Estatut como una serie de intercambios extraños o cambalaches". Piqué insistió en exigir la dimisión de Nadal y de varios consejeros.

El turno de intervenciones lo cerró Joan Boada, portavoz de Iniciativa per Catalunya (ICV-EUiA), quien quiso centrarse en la crisis del Carmel y "dejar los otros debates para una ocasión más apropiada".

Pero el presunto pago de comisiones ilegales por la adjudicación de obras públicas no fue el único elemento de choque entre los partidos. El portavoz convergente, Felip Puig, se despachó a gusto en sus calificativos para definir la gestión de la crisis del Carmel. Puig habló de "ejercicio de arrogancia y soberbia personal y política", de "faltar a la verdad" y "falta de sensibilidad" hacia los afectados, "grave incompetencia", "imprudencia", "maquinación y falta de coraje", "táctica innoble y cobarde" y "frivolidad, demagogia y desprestigio". Y dirigiéndose directamente a Nadal le tachó de "gran burócrata que puede paralizar en Cataluña toda la obra pública por no asumir toda su responsabilidad".

Los "pecados" del Gobierno

Especialmente crítico se mostró Felip Puig con Nadal por haber "culpabilizado a todo el mundo" del hundimiento y "extender la sombra de sospecha por todas partes", lo que, en su opinión, sólo puede ser fruto de la "táctica innoble y cobarde que les llevará [a los socialistas] hasta el final de la política".

Esquerra Republicana reprochó a sus socios del Partit dels Socialistes haber hecho poco para remediar "los fallos" que en su opinión tenía la Administración catalana cuando Convergència i Unió abandonó el poder en favor del tripartito. El portavoz parlamentario de ERC, Joan Ridao, acusó al consejero de Política Territorial de haber "perpetuado" un sistema de realización de obras públicas "que fallaba completamente" y puesto en marcha durante los 23 años de CiU al frente de la Generalitat.

En opinión del portavoz republicano, el actual Gobierno catalán ha cometido "dos pecados" en la crisis del barrio del Carmel. Por una parte, un "pecado de imprevisión", materializado en la decisión de hacer pasar una línea de metro por debajo de una colina de dudosa estabilidad y, por otra parte, un "pecado de acción", por el "mal control de la obra por parte de la empresa pública GISA".

El otro socio de los socialistas, ICV, lanzó un capote al PSC asegurando que la crisis se ha gestionado "bien" y que la colaboración entre las administraciones ha sido "correcta". Pero las discrepancias con los socialistas no tardaron en aflorar. El portavoz de ICV, Joan Boada, dijo que el verdadero punto flaco de la gestión de GISA ha sido la "concentración" de contratos y adjudicaciones a unas "pocas empresas", que deriva en un sistema "perverso y sin control político que el Gobierno actual no puede ni debe asumir".