Balance migratorio
El ministro de Trabajo hizo públicas ayer las primeras estadísticas sobre el proceso de regularización de inmigrantes abierto el 7 de febrero: en los 15 primeros días se han tramitado 48.347 solicitudes. Es posible que el ritmo se incremente a medida que avance el calendario, fijado en tres meses, pero la proyección de las peticiones tramitadas está muy lejos de las estimaciones que se han venido manejando y que cifraban en torno al millón el número de inmigrantes que trabajan en nuestro país de forma irregular.
Caldera ha hecho bien en recordar que, una vez finalizado el proceso el 7 de mayo, se pondrá en marcha una inspección rigurosa, centrada sobre todo en los sectores en los que se haya detectado un número sospechosamente escaso de solicitudes. Esa advertencia debería disuadir a empleadores que, según han denunciado los sindicatos y algunas asociaciones de inmigrantes, están procediendo a despidos o persisten en no legalizar a sus trabajadores en situación irregular. La regularización en marcha va dirigida no sólo a los inmigrantes, sino a quienes los contratan irregularmente. Se trata de hacer borrón y cuenta nueva de situaciones de hecho que vienen del pasado, pero a las que hay que poner punto final.
Sería lamentable que la regularización no alcanzara plenamente los objetivos fijados conjuntamente por el Gobierno, empresarios y sindicatos, que coinciden en su determinación de hacer aflorar la contratación sumergida. En esta línea cabe esperar que el Partido Popular, dentro de su lógica actitud crítica a aspectos concretos de la iniciativa del Gobierno, abandone el discurso catastrofista que ha puesto en circulación su secretario general y ex ministro, Acebes, y que la propia CEOE ha considerado inconveniente.
En el primer partido de la oposición deberían abrirse paso actitudes más templadas, como la de Ana Botella, que, desde su responsabilidad como concejal de Empleo en Madrid, ha visto en el proceso de regularización una oportunidad para las esperanzas de cientos de miles de trabajadores inmigrantes y un hecho "positivo para el conjunto de la convivencia".
