El grupo municipal socialista impugna ante un tribunal los presupuestos de 2005

El grupo municipal socialista repitió ayer la estrategia de impugnar ante el Tribunal Superior de Justicia los presupuestos del Ayuntamiento de Madrid para 2005, aprobados el pasado 23 de diciembre. Ya lo hizo con los de 2002 y eso le valió una sentencia favorable de la misma instancia, aunque está recurrida ante el Tribunal Supremo.

La concejal socialista Isabel Vilallonga anunció en los pasillos de la Casa Consistorial, donde se celebraba el pleno municipal, que había entregado esa misma mañana, un día antes del final del plazo, un recurso contencioso-administrativo al juez. "El grupo socialista se ha visto obligado a volver a impugnar los presupuestos por dos razones", explicó la edil. Una de ellas es el "incumplimiento del equilibrio presupuestario", puesto que la deuda asumida por los presupuestos supera, según Vilallonga, los límites legales que impone la Ley de Haciendas Locales.

"Carece de viabilidad, desequilibra las finanzas y pone en riesgo la solvencia financiera del Ayuntamiento", dijo. Según los socialistas, los presupuestos prevén un endeudamiento del 117,74% de los ingresos corrientes, que puede llegar a ser superior al 160% "si se computa la deuda de la empresa Madrid Calle 30". Eso, aseguran, supera el máximo permitido por la Ley de Haciendas Locales. Ésta establece en su artículo 53.2 que las operaciones de crédito superiores al 110% requieren autorización del Ministerio de Hacienda.

"Despilfarro"

La segunda razón que adujo Vilallonga es el "despilfarro del patrimonio municipal de suelo", pues el dinero obtenido con su venta va destinado a financiar "inversiones de dudoso carácter social, como la remodelación de la M-30 o la construcción de un hotel", en lugar de utilizarse para viviendas sociales o para introducir suelo más barato y combatir así la especulación.

Desde el equipo de gobierno, el concejal de Hacienda, Juan Bravo, replicó que no ve argumentos en la impugnación de los presupuestos. Sobre el exceso de endeudamiento afirmó que "no es una causa de nulidad de los presupuestos", porque, dijo, lo que establece la Ley de Haciendas Locales es la exigencia de solicitar autorización al ministerio. "En el momento en que se va a materializar el crédito, se notifica", afirmó.

"Ya informé al pleno de que si hacemos el cálculo de endeudamiento sobre los ingresos liquidados en 2004, que presentaré dentro de poco, estamos por debajo del límite", agregó Bravo, tras cifrar la deuda en torno al 90% del límite máximo.

Además, el edil aseguró, sobre la afectación del suelo, que ahora no se da el mismo supuesto que en 2002, pues entonces la Intervención General del Ayuntamiento manifestó que era una situación ilegal. "Esto no ocurre ahora, pues en tres informes la Intervención reconoce que se cumple con las condiciones y requisitos que impone la Ley del Suelo", señaló.