Carod, de visita

Los resultados del referéndum europeo plantean dos problemas: la baja participación, y la fuerza del no en los territorios con mayor presencia nacionalista. El líder de Esquerra Republicana, Carod Rovira, une implícitamente ambos problemas al concluir que el amplio rechazo catalán a una Constitución que "deja fuera a las naciones" es un aviso a la "clase política" de que los catalanes no están "dispuestos a aceptar cualquier Estatut ni cualquier modelo de financiación".

Hay que tomarlo en consideración, pero sin exagerar. El 28% de los votantes catalanes ha optado por el no, pero el 64 % lo ha hecho por el sí. Y sería abusivo identificar sin más abstención y rechazo: cuando en una consulta se sabe por adelantado que el sí será muy mayoritario la abstención más bien es una forma de acatamiento pasivo del resultado. En todo caso, es cierto que si se repitiera ese resultado en la ratificación del nuevo Estatuto, quedaría lejos del apoyo con que contó el de Sau en 1979: 88% a favor, con una participación del 59%.

La reforma del Estatuto catalán servirá de pauta para las previstas en otras comunidades; además, el éxito del modelo catalán se ha planteado como alternativa al método unilateral del plan Ibarretxe. Sería un desastre, por ello, que la reforma catalana fuera rechazada en las Cortes por considerar que desborda los límites constitucionales. La semana pasada se conocieron las condiciones que el Gobierno de Zapatero plantea para apoyar el proyecto: entre otras, que no se trate de utilizar la reforma para modificar leyes orgánicas, como la del Poder Judicial o la Electoral; que no se intente implantar un modelo de financiación singular, como el del Concierto vasco; que no incluya preceptos como el conocimiento obligatorio del catalán.

Son condiciones que responden al criterio de que el Gobierno tiene deberes constitucionales para garantizar la igualdad de derechos, la cohesión territorial y la solidaridad. Su defensa por parte del ministro Jordi Sevilla en una conferencia celebrada el pasado día 8 en el Círculo de Economía de Barcelona provocó gran inquietud en el tripartito y en CiU, que recordaron a Zapatero su compromiso de avalar en Madrid lo que llegase pactado de Barcelona. Zapatero respondió diciendo que consideraba prematuro discutir esas cuestiones y reiterando que las únicas condiciones eran el consenso y el respeto de los límites constitucionales. Ayer se lo repitió a Duran Lleida en la sesión de control.

El problema es que el proyecto que lleva meses gestándose en el Parlament ya desborda esos límites, a juicio de bastantes expertos, incluidos algunos ministros. Cuanto más tarde el presidente del Gobierno en marcar el terreno, más difícil será la marcha atrás y mayor el riesgo de que el agua embalsada se desborde en el peor momento: en la votación del Congreso. Si Zapatero sigue dando largas es seguramente porque teme comprometer los apoyos que necesita para gobernar; especialmente el de Esquerra Republicana, cuyo líder acude mañana a La Moncloa para hablar de un posible pacto de legislatura que institucionalice el acuerdo. Carod ya ha adelantado que una condición previa para ello sería la publicación de las balanzas fiscales, eje de la reivindicación nacionalista de una financiación que ponga un tope máximo a la aportación de Cataluña a las políticas redistributivas del Estado.

Ese planteamiento, asumido ahora por el PSC, ha sido tradicionalmente discutido por la izquierda. Ernest Lluch, por ejemplo, consideraba inseparable la contribución catalana a la cohesión social española del saldo positivo de su balanza comercial: de más de 9.000 millones de euros, el 6,3% del PIB catalán, en 2002. El reciente episodio del cava testimonia la actualidad del argumento. La adopción por parte de la izquierda de puntos de vista similares a los de los nacionalistas es un reflejo de su dificultad para competir en igualdad de condiciones con partidos sólo interesados en obtener ventajas para la propia comunidad. Pero ese deslizamiento ha roto el equilibrio que durante años ha permitido el despliegue del Estado autonómico sin grandes problemas de cohesión. Por eso es imprescindible que el Gobierno de España asuma esa responsabilidad; que no ceda a la exigencia de vaciado de competencias del Estado, cuya presencia es garantía de igualdad básica de derechos y de servicios esenciales. Zapatero tendrá que explicárselo mañana a Carod, y algún día también a Maragall.