La Audiencia imputa a Alperi y dos ediles por el desfalco de Mercalicante

La Audiencia de Alicante ha imputado al alcalde de la ciudad, Luis Díaz Alperi, del PP, y a dos de sus concejales por el supuesto desfalco de seis millones de euros descubierto en la empresa pública Mercalicante. El tribunal revoca la decisión de la juez instructora -la titular del Juzgado número 1- de archivar la querella del PSPV. Los socialistas solicitaban la ampliación de la imputación al comité ejecutivo de Mercalicante -máximo órgano de control de la firma, integrado por Alperi, dos ediles del PP y otros por Mercasa-. El PSPV presentó la querella en base al testimonio del principal imputado, el ex gerente José Emilio Clavero, quien mantiene que el comité ejecutivo conocía sus decisiones

El recurso de apelación del PSPV bloqueó la instrucción del caso más de diez meses

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Alicante, la magistrada María Cristina Costa, imputó al ex gerente de Mercalite un supuesto delito de estafa y apropiación indebida y decretó su libertad provisional. Junto a Clavero, la juez ha imputado a una una decena más de personas, la mayoría responsables de tres firmas comerciales que supuestamente el ex directivo de Mercalicante usó como tapadera para consumar el desfalco.

En sus dos declaraciones ante la juez, Clavero no sólo se declaró inocente sino que aseguró que la comisión ejecutiva, y de manera especial el alcalde, estaba al tanto de todas las supuestas irregularidades contables descubiertas en la empresa. Para el PSPV, la responsabilidad, por tanto, también alcanzaba a los miembros de la comisión ejecutiva, máximo órgano de control de la empresa pública. Por ello, la formación socialista presentó una querella criminal contra los integrantes de este órgano, a quienes acusaba de los delitos de apropiación indebida y societario. En marzo de 2003, la juez admitió parcialmente la querella socialista y para ello ratificó su decisión con un auto que imputaba a Luis Díaz Alperi y al resto de los miembros de la comisión ejecutiva. La juez, incluso, llegó a afirmar que el alcalde "conocía los actos de Clavero en Mercalicante".

Sorpresivamente, con posterioridad, la magistrada revocó su propia decisión y en marzo de 2004 dictó dos nuevos autos por los que, primeramente, rechazaba la querella socialista por un defecto de forma. La juez argumentó esta decisión en la no personación del querellante a través de la acusación popular, que ejerce un representante del movimiento vecinal de Alicante. Como consecuencia de este auto, la magistrada levantó la imputación del primer edil y de los cuatro miembros de la comisión ejecutiva, entre ellos dos concejales del PP.

El representante legal del PSPV elevó, entonces, un recurso de apelación ante la Audiencia de Alicante. El recurso estuvo paralizado en el juzgado instructor por espacio de diez meses. El auto del tribunal, la sección 1ª, revoca el archivo de la querella del PSPV acordado por la juez instructora e imputa en las diligencias a Díaz Alperi y el resto de miembros del comité ejecutivo de Mercalicante. La Audiencia discrepa de la juez y afirma que la no personación del PSPV en la acusación popular no le imposibilita presentar la querella. En el apartado de argumentos jurídicos, la sala señala que la adhesión a la acusación popular es posible hasta el proceso de calificación de la causa. "No hay, por tanto, motivo jurídico para archivar la querella", señalaron fuentes judiciales. Los magistrados estiman imprescindible la declaración de todos los miembros de la comisión ejecutiva para esclarecer el asunto y acuerdan imputarlos.

El auto reactiva la investigación del caso Mercalicante, que comenzó en septiembre de 2002, a raíz de la denuncia del representante vecinal. El portavoz socialista en el Ayuntamiento, Blas Bernal, eludió comentar ayer la decisión de la Audiencia: "Espero que se clarifique lo que ocurrió y confío en que la Justicia aclare el descalabro económico".