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El alcalde de Orihuela conoció en diciembre el fraude del interventor

La desaparición del funcionario precipitó la denuncia al fiscal de José Manuel Medina

El domingo pasado el alcalde de Orihuela recibió en su móvil una llamada del interventor municipal: "Creo que todo se puede solucionar", le dijo el funcionario. Al día siguiente, Espinosa acudió a su puesto de trabajo y, por la mañana, visitó el despacho de Medina. "Todo se puede arreglar", le insistió. El martes por la tarde, el interventor debió entender que no todo tenía arreglo porque, con lo puesto -ropa deportiva-, salió "un momento" de su casa "a comprar lotería" y estuvo ilocalizable hasta el viernes, cuando se presentó en una comisaría de Zaragoza para autoinculparse de "irregularidades contables" en la intervención.

"¿En Zaragoza?". Cuando el viernes por la tarde el alcalde telefoneó a los portavoves de la oposición para comunicarles que Espinosa estaba declarando en una comisaría de la capital aragonesa, éstos se preguntaron qué hacía el funcionario de Orihuela en Zaragoza. ¿Acaso tenía allí algún familiar?

No, Espinosa no tiene parientes en Zaragoza. Pero ese día, el viernes, había muchos alicantinos en la ciudad maña, y algunos muy relevantes, como el presidente de las Cortes, Julio de España, el presidente de la Diputación y del PP de Alicante, Joaquín Ripoll, y un viejo amigo del interventor municipal: el ex alcalde oriolano y ex consejero Luis Fernando Cartagena.Luis Fernando Cartagena, seguidor del equipo de baloncesto de Valencia, el Pamesa que preside el empresario Juan Roig, viajó a Zaragoza el jueves para asistir a los partidos de la Copa del Rey y, en esa ciudad, coincidió con el que fuera su interventor durante los años en los que el ex consejero de Obras Públicas de la Generalitat presidió el Ayuntamiento de Orihuela, entre 1986 y julio de 1995.

Según una fuente municipal, José Manuel Espinosa detalló de forma sucinta a la policía cómo se las ingeniaba para distraer fondos públicos: duplicando facturas. De acuerdo al testimonio de esa fuente, el interventor citó el nombre de algunas empresas a las que duplicó facturas, entre otras, Aquagest. Tras su declaración quedó en libertad con cargos. Ayer, el interventor, apartado de su puesto mientras se aclara lo ocurrido, viajaba a Orihuela desde Zaragoza.

El alcalde de Orihuela, una vez que supo que el interventor estaba desaparecido, denunció en la fiscalía al hermano de éste, Juan de Dios Espinosa, también funcionario municipal, por apropiarse presuntamente de 66.000 euros. Eso ocurrió el jueves. Pero, ¿qué hizo el interventor entre el martes por la noche y el viernes, antes de su comparecencia en la policía de Zaragoza? De momento, sólo se sabe que viajó a Zaragoza en su coche y que la policía realizó algunas averiguaciones después de que la compañera sentimental del interventor y una hermana de éste dieran cuenta de su desaparición

En el Ayuntamiento de Orihuela se llegó ayer a una especie de pacto de silencio. Ni siquiera los portavoces de la oposición atendían las llamadas de los periodistas. Entretanto, al margen de lo que decida la autoridad judicial tras la declaración del interventor, mañana arrancará la investigación interna en el Ayuntamiento de Orihuela que deberá determinar las cantidades supuestamente defraudadas.

El alcalde no ha ocultado que conocía las presuntas irregularidades en el área económica del Consistorio. El viernes por la mañana, antes de que el interventor se entregara a la policía en Zaragoza, José Manuel Medina reunió a los portavoces municipales y les confesó que desde diciembre estaba al tanto de ciertas irregularidades en la Intervención. Incluso les contó que el lunes Espinosa fue a su despacho en la Alcaldía para intentar solucionar el problema. El alcalde asegura que entre la denuncia que el jueves presentó en la fiscalía de Orihuela a Juan de Dios Espinosa, hermano del interventor y también funcionario del área financiera municipal, por apropiarse presuntamente de 66.000 euros, y el caso del interventor, no hay relación de causa-efecto.

La denuncia a la fiscalía es un un informe elaborado por técnicos de los servicios económicos y de recaudación del consistorio en el que se refleja la presunta desaparición del dinero, procedente de la recaudación de la tasa de mercados. El funcionario denunciado ha sido apartado momentáneamente de sus funciones hasta que se aclare el asunto. El informe técnico, según fuentes del Ayuntamiento, es "contundente" contra ese funcionario.

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