El derecho al aborto divide a los portugueses

Pocos debates en Portugal son tan encendidos como los que tratan sobre la despenalización del aborto. Los políticos intercambian insultos dentro y fuera del Parlamento, mientras asociaciones provida y proliberalización se movilizan enérgicamente. Se trata de una cuestión no cerrada en Portugal, donde la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) es considerada un crimen penalizado con hasta tres años de cárcel. Y, caso único en la Unión Europea, las mujeres que abortan son perseguidas judicialmente y juzgadas. Desde 2002 y hasta la fecha, 40 personas han sido juzgadas por abortos.

Pese a la prohibición, hacer un aborto en Portugal no es difícil. Las clínicas clandestinas -normalmente montadas en un piso vulgar- están por todas partes: sólo hay que preguntar a un par de amigas. El precio ronda los 400 euros, incluida la anestesia y "un té para relajar", explica a este periódico la enfermera A., dentro de su coche, demasiado caro para su sueldo oficial. La intervención no tarda más que una hora. A. destaca que en los últimos años perdió a clientes, porque la proliferación de clínicas españolas en la frontera con Portugal atraen a muchas mujeres -unas 9.000 al año, según datos de varias asociaciones. Los abortos clandestinos anuales en Portugal son entre 20.000 a 40.000, según diferentes estimaciones.

El tema entró en la campaña electoral hace pocos días cuando Paulo Portas, el líder del derechista Partido Popular (PP) y actual ministro de Defensa, comparó el aborto a la pena de muerte, abolida a finales del siglo XIX: "Portugal volvió a adelantarse a su tiempo cuando no permitió la despenalización del aborto a finales del siglo XX [en un referéndum de 1998]". Aquel año, el 50,5% de los portugueses rechazó despenalizar el aborto, en una consulta que sólo tuvo un 31,8% de participación. Las citadas declaraciones desencadenaron la ira de la izquierda y de varias asociaciones, pero Portas está prácticamente solo en esta batalla: todos los restantes partidos con representación parlamentaria consideran necesario cambiar la ley o apoyan la realización de un nuevo referéndum. Según las encuestas, más del 70% de los portugueses desea esa nueva consulta, mientras un 60% defiende el fin de la penalización.

Unas 11.000 mujeres acuden anualmente a los hospitales por problemas relacionados con un aborto. La mitad de los casos son consecuencia de un aborto clandestino. "Es un grave problema de salud pública", afirma Duarte Vilar, director de la Asociación para la Planificación de la Familia. "Pero existe ahora un gran consenso sobre la necesidad de cambiar la ley, principalmente desde que

han empezado a juzgar a las mujeres", destaca. Desde 2002, 40 personas han sido juzgadas por aborto. De ellas, 29 eran mujeres que habían abortado. El resto eran compañeros, médicos y enfermeras. Sólo una enfermera fue condenada a ocho años de cárcel. Fue liberada a finales de 2003 tras un indulto del presidente Jorge Sampaio. Otras dos mujeres fueron condenadas, pero ninguna ha sido encarcelada.

Pese a este consenso para cambiar la ley, aún hace pocos meses los diputados rechazaron varias propuestas de despenalización y de nuevos referendos debido a un acuerdo entre los dos partidos en el poder -PP y el conservador PSD- en no tocar la ley del IVE.

Nadie niega que existe aborto clandestino en Portugal. Para las asociaciones prodespenalización, la solución pasa por liberalizar el IVE y aumentar la educación sexual. Para las asociaciones provida, hay que dar más apoyo a las embarazadas y fomentar "una cultura de responsabilidad: si una persona tiene relaciones sexuales sabe que existe el riesgo de un embarazo", afirma José Paulo Areia de Carvalho, candidato a diputado del PP y presidente de la Federación Portuguesa por la Vida. El Partido Socialista, que aspira a ganar las elecciones del próximo domingo, se comprometió a convocar un referéndum para los próximos meses. Una vez más, el debate promete ser encendido.