El Parlamento israelí aprueba la ley que permitirá la retirada de la franja de Gaza

Israel aprobó ayer por 59 votos a favor, 40 en contra y 5 abstenciones, una de las leyes más polémicas y controvertidas de su historia, la que hará posible la retirada de la franja de Gaza a partir de julio y la entrega del territorio a la Autoridad Palestina, 38 años después de su ocupación, durante la guerra de los Seis Días. La aprobación de la ley contempla el desmantelamiento de los 21 asentamientos de la zona y otros cuatro en Cisjordania. En la norma también se establecen compensaciones millonarias para los más de 8.000 colonos, que pueden llegar a recibir hasta 300.000 euros por familia.

El fin de este debate parlamentario no supone el del debate social y amenaza con crispar aún más los ánimos de la extrema derecha y del movimiento colono, que desde hace semanas han iniciado una campaña de movilizaciones y protestas por todo el país contra la política del primer ministro, Ariel Sharon.

Tras dos días de discusiones, el Parlamento de Jerusalén aprobó la ley llamada Aplicación de la Desconexión, Evacuación e Indemnización, la pieza jurídica clave que permitirá a Sharon llevar a cabo sus planes de retirada unilateral de la franja de Gaza y la entrega del territorio a la Autoridad Palestina de Abu Mazen.

La ley contó con el apoyo de sólo una parte de los 38 diputados del conservador Likud, ya que 13 votaron en contra del proyecto, en un claro desafío y muestra de desobediencia hacia su jefe de filas. El proyecto de Sharon contó, sin embargo, con el apoyo de los diputados laboristas, recién incorporados al Gobierno de unidad, y del movimiento laico Shinui, que fue el que provocó la última crisis de Gobierno. Votaron en contra la mayoría de las formaciones ultraortodoxas, así como el Partido Nacionalista Religioso, la plataforma en la que milita la práctica totalidad de los colonos de Gaza y Cisjordania.

La ley contempla un importante paquete de medidas económicas, en el que se establecen de manera detallada las compensaciones a los colonos por la pérdida de su casa y de su puesto de trabajo, al tiempo que se establece una serie de ayudas para proceder a su reinstalación. Según cálculos del Gobierno, las compensaciones medias para cada familia de colonos se aproximan a los 300.000 euros, cifra que podrá incrementarse hasta un 20% si la familia desalojada opta por trasladar su vivienda a las zona del Neguev o de la Galilea, cuya colonización trata de promover el Gobierno para frenar el peso demográfico de la minoría árabe con pasaporte israelí. El coste total de la operación, según se recoge en esta ley, es de unos 705 millones de euros.

El cuerpo legal de la ley dedica una parte importante para modificar el Código Penal y castigar con duras penas de prisión a aquellos colonos que se opongan a ser desalojados. Por ejemplo, la ley asegura que serán condenados a dos años de cárcel aquellos israelíes que entren en la zona una vez quede cerrada y dispuesta para la evacuación. Los residentes en la franja de Gaza y que permanezcan en ella tras ser desalojados podrán ser castigados con seis meses de cárcel. Incluso se prevén castigos para los menores que se resistan, que se llevarían a cabo junto con sus familiares.

La votación del Parlamento otorga a Sharon un triunfo claro y un respaldo moral suficiente como para llevar a cabo sus proyectos, aunque a costa de haber provocado una importante fractura social y política en Israel, que queda así dividida en dos grandes sectores. Por una parte, los que defienden a ultranza un Gran Israel y que se oponen a cualquier concesión territorial y, por otra, los partidarios de soluciones pragmáticas, que tratan de hacer posible la paz y la creación de un Estado palestino, aun a costa de ceder parte del territorio actual.

La batalla no ha terminado

La batalla jurídica y legal en torno a la retirada de la franja de Gaza aún no se ha acabado, ya que la puesta en marcha de esta ley depende de la aprobación de la Ley de Presupuestos, que será votada por el Parlamento antes del 31 de marzo. En el caso de que esta ley esencial no fuera aprobada, los esfuerzos parlamentarios y políticos llevados a cabo hasta ahora no habrían servido para nada, ya que ello provocaría la caída del Gobierno y la convocatoria de elecciones anticipadas.

El movimiento colono de Israel y las organizaciones de extrema derecha han anunciado para los próximos días más movilizaciones en todo el país. Para empezar, el Consejo de Asentamientos de Judea, Samaria y Gaza hacía ayer público un manifiesto radical, que sonaba casi como una declaración de guerra: "Tras 513 años del edicto de expulsión de los judíos de España, nos enfrentamos nuevamente a una orden de expulsión contra los judíos", aseguraron los dirigentes de los colonos, al tiempo que otros activistas de extrema derecha anunciaban su intención de ir a la cárcel.