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Editorial:

Inmigración arrojadiza

Ninguna de las regularizaciones extraordinarias de inmigrantes llevadas a cabo por los anteriores Gobiernos sufrió una acometida tan desaforada como la que está recibiendo por parte del PP la iniciada el día 7. Entonces, a lo más que se llegó fue a ridiculizar iniciativas tan disparatadas como el pretendido viaje de ida y vuelta gratis a sus país de 25.000 inmigrantes ecuatorianos para retornar a España con los papeles en regla. Se partía del supuesto de que la regularización extraordinaria es la única arma que a veces queda a los gobiernos para encauzar trances humana y socialmente insostenibles surgidos bajo la presión de la inmigración.

La situación actual es básicamente una herencia del Gobierno anterior. La llegada de más de un millón de inmigrantes irregulares en los últimos cuatro años se produjo estando vigente la ley de Extranjería de 2001, que sigue siendo una de las más rigurosas de Europa y con la que se pretendió acabar con el llamado efecto llamada. La realidad siguió otros derroteros -hoy la población extranjera, comunitaria incluida, representa el 8% de la española -y ello debería hacer reflexionar al PP para no utilizar la inmigración como arma arrojadiza y soporte de mensajes negativos o confusos. Mientras Ruiz-Gallardón reconoce que Madrid se encuentra a la cabeza del desarrollo económico gracias a los inmigrantes, algunos de sus correligionarios insisten en la idea de que son una ruina, resaltando sólo lo que gastan y no lo que ingresan en las arcas públicas con su trabajo.

La regularización actual, a diferencia de las anteriores, busca expresamente hacer aflorar la economía sustentada en el trabajo clandestino del inmigrante irregular. Ello explica que tenga el apoyo del mundo empresarial, del sindical y de la propia Iglesia Católica. Incluso la Comisión Europea ha avalado el proceso, aunque propone un sistema de alerta e información mutua en el seno de la UE antes de que sus Estados miembros adopten iniciativas de este tipo. Este paso hacia una deseable política común sobre inmigración debería ser complementado con un deseable consenso interno entre el PSOE y el PP. Sería lamentable que la regularización en marcha no consiguiera sus objetivos y se mantuviera una situación que las propios empresarios no desean y que este Gobierno, como el anterior, tiene la obligación de perseguir.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 14 de febrero de 2005