Inmigrantes: soluciones a la carta

En España viven 3,5 millones de extranjeros, el 43% de los cuales se hallan en situación administrativa irregular. Esto lo sabe bien la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Consuelo Rumí, probablemente el miembro del Gobierno que soporta más presión estos días. Rumí puso en marcha, el pasado lunes, un ambicioso proceso de regularización de inmigrantes sobre el que desde entonces descargan su munición los líderes del PP. Uno de los reproches más repetidos es que el proceso es ajeno a la política europea, "contraria a las regularizaciones masivas de extranjeros", en palabras de Ángel Acebes, secretario general del primer partido de la oposición.

Rumí rechaza esa crítica: "Ni ésta es una regularización masiva ni existe todavía una política europea de inmigración". El jueves, la vicepresidenta primera de la Comisión Europea, Margot Wallrtom, confirmó esta aseveración. Y subrayó tres ideas: no existe conflicto entre España y la UE a cuenta de la inmigración; España lidera con la UE el desarrollo de una política común, y los criterios e instrumentos puestos en marcha por el Gobierno están en línea con la UE.

Rumí puso en marcha el pasado lunes un ambicioso proceso de regularización de inmigrantes sobre el que desde entonces descargan su munición los líderes del PP

Cuando los socialistas llegaron al Gobierno se encontraron con más de un millón de inmigrantes en situación irregular y con 400.000 expedientes por resolver

Cuando los socialistas llegaron al Gobierno, en marzo de 2004, se encontraron con más de un millón de inmigrantes en situación irregular y con un atasco administrativo de 400.000 expedientes de extranjeros por resolver. Hoy, el Gobierno ha logrado poner al día los expedientes y ha aprobado un Reglamento de Extranjería con el consenso de empresarios, sindicatos, ONG y partidos políticos (salvo el PP). Ese reglamento da a los empresarios un plazo de tres meses para regularizar a los inmigrantes que estén empadronados en España desde antes del 7 de agosto del 2004, carezcan de antecedentes penales y dispongan de un contrato de trabajo con alta en la Seguridad Social. El objetivo es que aflore la economía sumergida.