La última libertad

Así tituló su libro François de Losets (La dernière liberté, Fayard, 2000) refiriéndose a la eutanasia, "buena suerte" etimológicamente, que cobró actualidad con motivo del estreno de la película de Amenábar, Mar adentro, basada en la vida y muerte de Ramón Sampedro, vuelve de nuevo a las primeras páginas como si la lucha del inteligente y tenaz tetrapléjico siguiera guiándonos desde donde esté ahora. Su caso fue especialmente llamativo porque cumplía todas las condiciones de lo que hoy es el concepto de eutanasia activa más universalmente reconocido: "Todo acto médico destinado a poner término a la vida de un enfermo cuando éste lo ha pedido de manera reiterada, voluntaria y es consecuencia de una reflexión madura, con el fin de acabar con sufrimientos intolerables e incurables". Aunque como él no logró la colaboración médica, tuvo que recurrir a sus próximos o amigos y su muerte fue en realidad un "suicido asistido".

En España las encuestas muestran un amplio apoyo social para despenalizar la eutanasia

Los partidarios de la eutanasia arguyen que nadie (ni otras personas, ni religión, ni creencias ajenas, ni el Estado ni ninguna otra institución) tiene el derecho de imponer seguir "viviendo" a un enfermo en fase terminal o con procesos irreversibles e incurables que le están produciendo sufrimientos físicos o mentales intolerables y que decide de manera consciente y repetida dejar de vivir esa vida que él cree indigna o que no es vida. El fundamento de toda la argumentación del derecho a morir dignamente es el ser humano, su dignidad, su derecho sobre sí mismo, su libertad de elegir, su última libertad.

El argumento de los que se oponen a ese derecho se refiere siempre a sus propias creencias o a su pertenencia a religiones pero no a las de la persona que decide morir dignamente. En éste como en tantos casos (desde la investigación de células madres, o la biomédica, el divorcio, el aborto voluntario o hasta el derecho de los homosexuales) se trata de imponer a otros, a la sociedad en su conjunto, lo que uno no quiere para sí. Pero es que ni la eutanasia será obligatoria si un día se despenaliza en nuestro país ni lo es el divorcio a pesar de que muchos de los que más se opusieron en su día a su legalización están entre los que más uso hacen hoy de dicha ley.

De hecho todos los estudios realizados en el mundo occidental, España incluida, indican que la eutanasia, sobre todo la pasiva, se aplica de manera muy generalizada en los hospitales en los casos citados más arriba. Incluso la eutanasia activa se está extendiendo al aplicar dosis crecientes de derivados opiáceos contra el dolor insoportable en enfermos terminales sabiendo que ese tratamiento lleva a la muerte. Y es muy raro que sepamos de una condena judicial por eutanasia. ¿Cuál es el problema? ¿Que se acepta que se haga de tapadillo, sin los debidos controles, sin garantías, pero no con arreglo a la ley para evitar abusos, que el foso abierto entre la realidad y la ley pueda cubrirse como debe ser en un Estado de derecho?

Sólo dos países europeos, Holanda y Bélgica, han regulado la eutanasia y la experiencia de los dos años de aplicación no ha supuesto ni un aumento de la eutanasia, más bien lo contrario (ver en Le Lancet de 17-6-2003, L'euthanasie et autres practiques de fin de la vie aux Pays-Bas en 1990, 1995 et 2001), ni, como se dijo demagógicamente un éxodo de ancianos holandeses o belgas para evitar que les aplicaran la eutanasia. En ambos países la aprobación de dichas leyes fue precedida de un amplio debate social en el que fueron escuchados numerosas personas, enfermos, médicos, psicólogos, juristas, siendo por tanto el resultado de una madurada y bien fundamentada reflexión colectiva.

En España las encuestas realizadas demuestran un amplio apoyo social a la despenalización de la eutanasia (supera el 60%), que también es mayoritaria entre los médicos y sanitarios en general. Como es lógico es más aceptada la "eutanasia pasiva" (interrumpir un tratamiento a sabiendas de que ello conduce a la muerte del paciente, siempre que se trate de situaciones irrecuperables y de seguridad en su desenlace mortal), que la "eutanasia activa voluntaria", que requiere la intervención del médico para poner fin a la situación desesperada. En ocasiones se antepone la eutanasia al desarrollo y mejora de los cuidados paliativos y al perfeccionamiento de los medios científicos de lucha contra el dolor, cuando éstos son los avances que deben realizarse en cualquier caso. Disponer de unidades contra el dolor con especialistas y medios en todo el territorio es una aspiración permanente. Pero ello no evita que personas concretas con las características descritas más arriba quieran y así lo expresen reiteradamente abandonar este mundo de manera indolora y digna.

En los organismos multilaterales no se ha avanzado mucho. Tuve ocasión de participar en los debates de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa en 2003, con ocasión de la ponencia del diputado liberal y reputado jurista suizo M. Dick Marty, titulada justamente Eutanasia y en la que abogaba, después de una densa argumentación de 14 folios, no a legalizar la misma (aunque el autor estaba claramente a favor), sino a abrir un gran debate europeo sobre la cuestión. Ni siquiera llegó a votarse en el plenario porque los diputados contrarios lograron, mediante lo que se conoce como filibusterismo parlamentario, bloquear su definitivo examen y votación.

Claro está que el tema es delicadísimo y difícil de abordar, que su traducción jurídica es compleja, que despierta los temores y tabúes más arraigados (nadie quiere hablar de la muerte, ni siquiera a sí mismo). Ni los más partidarios de su despenalización hacen proselitismo en el sentido de convencer a los que no lo comparten de que se apunten a la eutanasia.

Algo se ha avanzado con lo que se conoce como "testamento vital", documento firmado por personas y depositado en un registro, que no desean que en determinadas situaciones patológicas se les aplique un tratamiento que les prolongue sufrimientos intolerables. Leyes regulando el testamento vital han sido aprobadas en 12 de las 17 comunidades autónomas y es de esperar que con la nueva mayoría parlamentaria en las Cortes, surgida de las elecciones del 14 marzo, el debate avance. Si algo caracteriza al nuevo Gobierno y a dicha mayoría es su mayor sensibilidad por los derechos sociales y civiles, por la laicidad, por el respeto a lo que demanda la sociedad.

Luis Yáñez-Barnuevo es médico, diputado socialista en el Parlamento Europeo y miembro de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD).