La Comunidad abre el proceso para ceder a los municipios competencias

El consejero de Presidencia de la Comunidad, Francisco Granados, se reunió ayer con la dirección de la Federación Madrileña de Municipios (FMM) y acordó con sus dirigentes desbloquear el desarrollo de la Ley de Pacto Local, aprobada en marzo de 2003 por la Asamblea regional y paralizada desde entonces. Esa ley prevé el traspaso a los municipios de competencias autonómicas (no legislativas) en materia de urbanismo, vivienda, servicios sociales, educación, sanidad y medio ambiente. "La comisión que debe iniciar las negociaciones se constituirá en marzo", explicó Luis Partida, presidente de la FMM.

La Ley para el Desarrollo del Pacto Local -que no tiene nada que ver con la Ley Especial para Madrid que el Ayuntamiento de la capital quiere negociar con el Ejecutivo central- fue una de las últimas leyes impulsadas por Alberto Ruiz-Gallardón siendo presidente de la Comunidad. Fue votada en la Asamblea regional en marzo de 2003, y desde entonces ha estado guardada en un cajón, a pesar de que la propia ley establecía que, "en el plazo de seis meses" desde su entrada en vigor, debía constituirse la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias, el foro en el que Comunidad y municipios deben negociar las transferencias. Esa comisión se constituirá por fin el próximo marzo.

La ley -que convirtió al municipalismo al hoy alcalde Ruiz-Gallardón después de ocho años resistiéndose a ceder poder al Ayuntamiento de la capital- fija las 15 materias que "podrán ser objeto de transfencia o delegación" (según los casos) a los municipios de la región, siempre que éstos lo pidan. Lo que se transfiere es la "gestión", las "funciones ejecutivas" en cada materia, no la titularidad: se trata de que los ayuntamientos que lo deseen "puedan seguir políticas propias en el ejercicio de dichas competencias, sin perjuicio de que la Comunidad siga manteniendo, cuando se considere conveniente, las competencias en ordenación, planificación y coordinación generales", según reza la normativa de 2003.

Las 15 materias delegables son, por este orden: consumo, deportes, educación, empleo, juventud, medio ambiente, política de la mujer, ordenación del territorio y urbanismo, patrimonio histórico, protección civil, sanidad, servicios sociales, transporte, turismo y vivienda. La Comunidad y los ayuntamientos tienen que negociar ahora qué aspectos de cada materia se traspasan a las entidades locales.

"En materia de educación, por ejemplo, podría transferirse la gestión de la educación primaria, y lo mismo en política sanitaria [ambulatorios o centros de salud]", afirma Luis Partida. "Desde luego los servicios sociales, desde las residencias de ancianos a las políticas de juventud, habría que transferirlos prácticamente todos, porque son los más cercanos a los ciudadanos", agrega.

Política urbanística

Partida aboga incluso por negociar una transferencia de las competencias en urbanismo que dé libertad a los ayuntamientos para decidir la ordenación de su territorio "sin tener que contar, como ahora, con el visto bueno final de la Comunidad", aunque ésta conservaría en todo caso "la facultad de fijar criterios generales para los asuntos que afecten a varios municipios o al conjunto de la región".

"Será un proceso largo y laborioso. No sólo hay que ver qué competencias se transfieren, en qué grado y con qué alcance, sino también fijar los medios financieros y de personal con los que la Comunidad tendrá que acompañar cada traspaso", advierte el presidente de la FMM.

De momento, lo que ayer acordaron el consejero Granados y los representantes de la Federación de Municipios -además de Partida, los vicepresidentes Manuel Robles (alcalde de Fuenlabrada), Tomás Gómez (alcalde de Parla) y Pilar Martínez (concejal de Urbanismo de Madrid)- es constituir, a principios de marzo, la Comisión Mixta de Coordinación de Competencias, presidida por el propio Granados y con una composición paritaria: habrá 12 representantes del Gobierno regional y 12 de los municipios (seis del PP, cinco del PSOE y uno de IU).

Esa comisión es la que tiene que elaborar el calendario de transferencias, determinar qué servicios cederá la Comunidad en cada caso y pactar los recursos que ésta pondrá en manos de los ayuntamientos para que gestionen sus nuevas responsabilidades. Sus conclusiones -y las de las comisiones sectoriales que tratarán aspectos concretos de cada materia- se plasmarán más tarde en una ley que debe ser aprobada por la Asamblea de Madrid. Sólo después comenzará el traspaso efectivo de las competencias.

Los tres grupos políticos del Ayuntamiento de Madrid (PP, PSOE e IU) coincidieron ayer en apoyar la iniciativa de la Federación de Municipios para desbloquear la Ley de Pacto Local. En paralelo, el equipo de Ruiz-Gallardón va a negociar con el Ejecutivo central el borrador de Ley Especial para Madrid, que reclama más financiación para la capital y la cesión de ciertas competencias estatales (sobre todo en materia de seguridad ciudadana, seguridad vial y política fiscal).

El Gobierno regional, presidido por Esperanza Aguirre, ha expresado en los últimos días su inquietud por la posibilidad de que esa futura Ley Especial le reste competencias, mientras que el equipo de Ruiz-Gallardón ha replicado en cada ocasión que ésa no es la intención de la ley. El impulso, ahora, del Pacto Local sí supondrá una transferencia de competencias autonómicas a la ciudad, la denominada segunda descentralización.