Elecciones tras el escándalo

Buenos Aires

Esta semana se cumplen dos años del descubrimiento en la provincia de Santiago del Estero de dos cadáveres que se han convertido en la base de uno de los mayores escándalos políticos del país. El hallazgo desencadenó un proceso que culminará el próximo 27 de febrero, cuando se celebren elecciones a gobernador. Durante este periodo la provincia ha sido administrada directamente por el Estado federal por orden del presidente Néstor Kirchner, quien según las últimas encuestas goza de un 71% de popularidad en la provincia.

El 6 de febrero de 2003 en un monte cercano a la localidad de La Dársena aparecieron los cuerpos de Patricia Villalba y de Leila Bshier. El de Leila estaba en muy malas condiciones, como si hubiera sido enterrado previamente, mientras que el cadáver de Patricia estaba maniatado. Leila había desaparecido el 16 de enero cuando, tras dejar la casa de una amiga, se dirigía a una discoteca local. Por su parte, Patricia había sido vista con vida el mismo 6 de febrero. El caso sigue sin resolverse "por la obstrucción de jueces y abogados", según la madre de Patricia. El asunto dio un drástico giro cuando la jueza María del Carmen Bravo detuvo a tres policías que pertenecían a un organismo denominado Departamento de Informaciones, cuya finalidad era el espionaje y vigilancia de la población civil, como en los tiempos de la dictadura.

La juez averiguó que ambas víctimas se conocían y habrían participado en fiestas a las que acudían hijos de destacados personajes políticos de la provincia. El escándalo estaba servido. Poco después caía el comisario general Musa Azar, jefe del Departamento de Informaciones, en cuya finca estuvo enterrado el cuerpo de la joven Leila y donde posiblemente fue asesinada Patricia. Musa dirigía una vasta organización cuya única finalidad era el espionaje a la población civil de Santiago del Estero y estaba al servicio de la familia Juárez, con Carlos Juárez -cinco veces gobernador y 50 años en la política local-, a la cabeza. En el archivo del Departamento de Informaciones se apilaban decenas de miles de documentos sobre toda clase de ciudadanos. Desde políticos a vendedores ambulantes pasando por clérigos, periodistas, militares o amas de casa.

"El poder político que gobernó está enterrado por decisión del pueblo de Santiago del Estero. Mi temor es que el poder económico, al que se le han puesto los límites que correspondían durante esta intervención, está agazapado y a la espera de lo que ocurra en las elecciones del 27 de febrero", destacó el superintendente -gobernador especial- Jorge Lanusse en el homenaje a las dos jóvenes asesinadas.