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El dictamen de la Acadèmia sobre el valenciano desencadena una crisis institucional en el PP

Los sectores partidarios del secesionismo rechazan el acuerdo y responsabilizan a González Pons

El dictamen aprobado por unanimidad el pasado miércoles por la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), en el que se afirma que los valencianos comparten la misma lengua que los catalanes, desencadenó ayer una crisis institucional en el PP. El Grupo Popular en las Cortes Valencianas, a través de su portavoz Serafín Castellano, tachó el dictamen de "innecesario" e "inoportuno". Una afirmación que miembros del Consell interpretaron como una descalificación a la labor negociadora del consejero portavoz Esteban González Pons, cada vez más aislado. El dictamen provocó las iras de los cargos populares procedentes del regionalismo, con el presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, a la cabeza.

El consejero portavoz se encuentra aislado tras las negociaciones y el pacto en la AVL

La tensión generada en la Acadèmia el pasado 22 de diciembre -al irrumpir el consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, para impedir que se reconociese la unidad de la lengua- se trasladó ayer al seno del Consell. La aprobación del dictamen y la difusión de su contenido convulsionaron ayer los cimientos del PP y abrieron una crisis de confianza institucional cuyas dimensiones, según fuentes de la Generalitat, son difíciles de evaluar. El portavoz parlamentario Serafín Castellano aseguró que la postura del Grupo Popular "es la que siempre hemos mantenido en el PP, no apoyar nunca nada que signifique unidad de la lengua o cosas similares" aunque expresó su respeto hacia cualquier institución de la Generalitat. Los cargos públicos procedentes del regionalismo partidario del secesionismo lingüístico evidenciaron su rechazo al dictamen y a la gestión realizada por el consejero de Relaciones Institucionales, Esteban González Pons, para cerrar la crisis de la AVL. El presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, hizo una llamada pública a los valencianos para que contesten lo que considera "un ataque frontal al pueblo". El vicepresidente de la Corporación provincial y presidente de Lo Rat Penat, Enric Esteve, instó al presidente de la Generalitat a destituir "al encargado de realizar el dictamen". El diputado autonómico del PP Rafael Ferraro pidió la derogación de la ley de creación de la Acadèmia.

Varias fuentes del Gobierno valenciano aseguraron que el consejero y portavoz del Consell, Esteban González Pons -que recibió el encargo del presidente de la Generalitat de resolver la crisis de la Acadèmia- expresó su malestar por las críticas de sus propios correligionarios al acuerdo alcanzado y el desgaste político al que se ha sometido en este proceso. Sin embargo, la posibilidad de que el tenso clima político se evidenciase en la reunión semanal que hoy celebra el Gobierno valenciano llevó a Presidencia a intentar sofocar los ánimos de los distintos sectores enfrentados en el seno del PP.

Fuentes de la Generalitat reconocieron ayer que los desencuentros entre Francisco Camps y el consejero portavoz Esteban González Pons han sido cada vez más frecuentes. Encargado de resolver la crisis creada en la Acadèmia, González Pons, tras entrevistarse con miembros del Gobierno catalán y líderes de CiU, llegó a un acuerdo sobre el contenido del dictamen con los miembros de la Acadèmia en una reunión celebrada en Benidorm la semana pasada. Este acuerdo, sin embargo, fue desautorizado por Presidencia y desmentido por el propio portavoz Esteban González Pons, que recibió de nuevo el encargo de lograr un dictamen que reuniera las siguientes condiciones: ser aprobado por unanimidad de los académicos; que la Acadèmia renunciase a proponer una denominación conjunta para el valenciano y el catalán en ámbitos territoriales que excedan los límites propios de las comunidades autónomas, y que se reconociese la legalidad estatutaria del valenciano y la validez del término "lengua valenciana".

En este contexto, el presidente de la Generalitat encargó también al consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora, seguir de cerca las negociaciones. De tal manera, según fuentes conocedoras de las conversaciones, el sector de académicos próximo al secesionismo representado por Ángel Calpe y Ramón Ferrer tenía dos puentes con Presidencia, a través del titular de Cultura, por un lado, y del portavoz, por otro.

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El texto aprobado unánimemente por la Acadèmia se cerró el lunes. Un acuerdo que cumplía las condiciones establecidas y del que se informó a Francisco Camps. Sin embargo, fuentes del Consell reconocen que la inclusión de un punto número seis, en el que se insta a los gobiernos autonómicos valenciano, catalán y balear, en colaboración con el Gobierno español, a buscar una denominación conjunta para la lengua fuera de sus respectivos ámbitos territoriales debilita la línea argumental de Camps respecto a que el nombre de valenciano es innegociable. El dictamen de la Acadèmia debilita también el argumentario del recurso interpuesto por el Consell en el Tribunal Supremo contra el memorándum que el Gobierno ha presentado en Bruselas para lograr el reconocimiento en la UE de las lenguas cooficiales españolas.

Así, el día del pleno de la Acadèmia, el consejero portavoz se quedó solo en la defensa del dictamen. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se limitó a reiterar que "el único nombre" de la lengua es y será valenciano. El consejero de Cultura, Alejandro Font de Mora; el vicepresidente, Víctor Camps; y la consejera de Participación, Gema Amor, se ausentaron de Valencia y viajaron a Bruselas. El resto de cargos del PP, con excepción de Fernando Giner, evitó opinar sobre el contenido del dictamen.

Según recordaron ayer fuentes del Partido Popular, Esteban González Pons ha negociado un dictamen coherente con su visión de que el conflicto lingüístico es político y no filológico. Miembros del Consell y del PP coincidieron también en reconocer que el conflicto lingüístico -que llegó a ser "inaugurado" y tachado de "juguetito" por el portavoz- ha sido tan mal gestionado que ha dado un balón de oxígeno inesperado a los sectores secesionistas que desconfían de que el Gobierno de Camps represente sus intereses.

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