La UE se impone más democracia

El principal problema que hoy existe en la UE es el gran foso, la sima que separa a los ciudadanos de las instituciones de la Unión. Su origen está en los complejos sistemas para tomar decisiones, casi siempre a puerta cerrada, por lo que la UE es sistemáticamente acusada de sufrir un déficit democrático inconcebible en una sociedad occidental. La Constitución da varias respuestas. La más novedosa es la iniciativa ciudadana: un millón de europeos podrá exigir a la Comisión Europea que lance una propuesta legislativa concreta. Por vez primera, el Consejo de la UE tendrá que actuar a puerta abierta cuando legisle y los parlamentos nacionales tendrán voz en el proceso legislativo.

Tras el habitual titular de "Bruselas decide..." o "La Comisión prohíbe...", se esconde todo un opaco mundo utilizado a veces en las capitales para eludir responsabilidades, porque la Comisión tiene el monopolio a la hora de lanzar iniciativas, pero las decisiones últimas dependen del Consejo de la Unión, donde están representados los Gobiernos, y del Parlamento Europeo, donde están representados los ciudadanos.

LA SITUACIÓN

El Consejo, el principal órgano decisorio de la Unión, debate las leyes europeas y las vota a puerta cerrada. Si la Eurocámara tiene competencias en el área correspondiente, negocia también a puerta cerrada sus posibles discrepancias con el Consejo. Los parlamentos nacionales no juegan ningún papel en el proceso.

Un principio sagrado en la Unión es el de la subsidiariedad, esa extraña palabra que significa que los órganos de poder superiores deben permitir que los inferiores, más próximos al ciudadano, tomen las decisiones cuando así se puedan cumplir los objetivos. Es decir, que debe primarse la toma de decisiones a nivel nacional, regional o local si no resulta imprescindible hacerlo a nivel europeo o comunitario, salvo cuando se trate, obviamente, de competencias exclusivas de la Unión, que son la unión aduanera, las normas de competencia, la política monetaria y los recursos biológicos marinos. En caso de duda de quién hace qué, hoy la zanja la Comisión.

EL PROBLEMA

En las elecciones europeas de junio pasado, ese foso entre ciudadanos e instituciones se concretó en una participación inferior al 50%. El ciudadano no sabe quién ni cómo se ejerce el poder. Los parlamentos nacionales ven con gran recelo que, a medida que la UE adquiere más competencias, son ellos los que pierden capacidad de legislar porque las decisiones se toman en Bruselas o Estrasburgo. En la cumbre europea de Laeken (Bélgica, diciembre de 2001), los propios jefes de Estado y Gobierno reconocían: "Los ciudadanos tienen la percepción de que se legisla a sus espaldas y quieren un mejor control democrático".

EL DEBATE

Fue la ONG More Democracy la que propuso que un millón de ciudadanos europeos pudieran exigir a la Comisión que lanzara un proyecto legal concreto. El eurodiputado español Carlos Carnero fue uno de sus más combativos defensores en la Convención que redactó el proyecto, pero no se introdujo hasta el último momento por la resistencia de la mayoría de los Gobiernos.

Mayor debate hubo sobre la subsidiariedad y el papel de los parlamentos nacionales. El eurodiputado Íñigo Méndez de Vigo, uno de los más activos en la Convención, cuenta los entresijos en su libro El Rompecabezas y recuerda que Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia e Irlanda, a los que él denomina "la banda de los cinco", se aliaron para exigir enormes poderes de control para los parlamentos nacionales. Especialmente luchador fue el alemán Edwin Teufel, representante del Bundesrat, el Senado alemán, porque defendía a los länder frente a la supuesta voracidad legislativa de la Unión.

Los eurodiputados y diputados nacionales exigieron que se creara un Consejo Legislativo, una especie de segunda Cámara que, al más puro estilo federal, colegislara a puerta abierta con el Parlamento Europeo, pero los Gobiernos se opusieron. Valéry Giscard D´Estaing, presidente de la Convención, también planteó un Congreso de los Pueblos, integrado por eurodiputados y diputados nacionales, para controlar ese sagrado principio de subsidiariedad, pero nadie apoyó la idea.

LA SOLUCIÓN

El Tratado constitucional dedica un título entero, el sexto de la I Parte a "la vida democrática de la Unión" como prueba del relieve que le otorga. "Todo ciudadano tienen derecho a participar en la vida democrática de la Unión. Las decisiones serán tomadas de la forma más abierta y próxima posible a los ciudadanos" (Parte I-artículo 46). Por eso, el Consejo de Ministros deliberará y votará a puerta abierta siempre que legisle (I-24). Y por eso se da voz directa al ciudadano: un millón de europeos (la población actual de los 25 asciende a unos 450 millones) de un número mínimo de países aún por determinar podrá exigir iniciativas legales (I-47). Se trata de la mayor innovación del capítulo. En España, el número exigido es de 500.000 firmas para la iniciativa legislativa popular sobre una población de 42 millones de habitantes.

A los europeos les gustaría lanzar iniciativas sobre empleo, jubilaciones, educación y medio ambiente, por ese orden, según el Eurobarómetro del mes pasado.

Los parlamentos nacionales, más próximos al ciudadano que la Eurocámara, se incorporan por vez primera al proceso legislativo de la Unión, es decir, empiezan a mandar en el club al convertirse en los guardianes de la sacrosanta subsidiariedad. La Comisión tendrá que enviarles todas las propuestas de ley y, si un tercio de ellos (cada Cámara un voto, o dos en los países con una sola Cámara) decide que se ha extralimitado al quitarles competencias (léase poder), el proyecto se paraliza de momento. No podrán bloquearlo legalmente, aunque sí de facto (Protocolo Número 2 de la Constitución).

No tanto como los más europeístas querían, pero la democracia y la transparencia avanzan en Europa sin posibles pasos atrás.