Las mujeres y la Carta europea
El texto que se somete a consulta a la ciudadanía española el próximo 20 de febrero, y que ya ha sido adoptado por los jefes de Estado y de Gobierno de los 25 Estados miembros de la Unión Europea, es el resultado del consenso más amplio jamás alcanzado en Europa... Su mera existencia tiene un valor político de incalculables dimensiones y sus efectos, si finalmente la Constitución es ratificada por toda la ciudadanía de la Unión -450 millones de personas-, serán históricos y definitivos en el camino hacia la consolidación de una realidad política única: la democracia supranacional más importante de nuestro mundo.
Sin embargo, no resulta fácil tomar plena conciencia del paso de gigante que esta Constitución representa para afianzar el proyecto europeo y para el protagonismo de Europa en el contexto internacional. Sólo una Europa políticamente unida, potente y respaldada por la ciudadanía será capaz de hacer valer el peso que le corresponde en el actual (des)equilibrio mundial.
Y la ciudadanía española es, precisamente, la primera en ser llamada a las urnas para que emita su dictamen respecto al texto constitucional. Según todos los sondeos, los españoles y las españolas somos los ciudadanos más europeístas de toda la Unión... sólo nos queda, como sugiere Jeremy Rifkin, "ser conscientes de nuestra europeidad". Creo que, para las mujeres españolas, la apuesta por Europa representa, a día de hoy y también para el futuro, un objetivo colectivo de enorme fuerza y utilidad.
Las españolas le debemos a la, entonces, Comunidad Europea, las primeras políticas de igualdad puestas en marcha en nuestro país. El primer Instituto de la Mujer, los primeros planes para la igualdad, los avances legislativos, etcétera, fueron el resultado del trabajo infatigable del movimiento de mujeres, de la energía de algunas responsables políticas del Gobierno de Felipe González -Carlota Bustelo, en particular-, pero también del impulso que, desde la Comisión Europea, se ejercía para que los Estados miembros avanzaran en el sentido de corregir las desigualdades de género. Así, en España, pudimos adaptar los planes europeos de igualdad entre hombres y mujeres a nuestra propia realidad y compartir, con el resto de socios, ideas, proyectos, iniciativas de empleo y formación, redes transnacionales de apoyo a las organizaciones de mujeres, modelos de participación, etcétera, instrumentos, todos ellos, que han resultado enormemente útiles para las políticas de igualdad. Éstas ocupan ya un lugar muy destacado en la agenda comunitaria y se consideran un elemento crucial de la cohesión social, además de constituir un requisito necesario para la consecución real de la democracia. Y, sin embargo, no podemos ignorar que la igualdad entre mujeres y hombres constituye un objetivo que no ha sido todavía plenamente alcanzado en la Unión Europea.
La Constitución europea incorpora algunos elementos que serán decisivos para el avance de la igualdad que se convierte en algo más que un objetivo, estableciéndose como valor común al que se atribuyen garantías para su defensa. Mediante la profundización democrática, la incorporación con fuerza jurídicamente vinculante de la Carta de Derechos Fundamentales, la posibilidad de reclamar, ante el Tribunal de Luxemburgo la discriminación salarial, avanzando en la necesaria conciliación entre el espacio familiar y el espacio laboral, la Carta Europea afianza los progresos logrados en los últimos años -sobre todo a partir de la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam- y prepara a la Unión para un futuro mucho más comprometido con la igualdad de géneros.
Las directivas han venido fomentando cambios radicales en legislaciones, actitudes y prácticas. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha contribuido a elaborar, delimitar y precisar los conceptos de igualdad de oportunidades, igualdad de retribución y de trato, no discriminación, discriminación positiva... Pero el reconocimiento constitucional de todos estos preceptos supone, sin duda, un compromiso mayor de la Unión Europea con las mujeres.
Esta Constitución es el producto de un gran consenso entre fuerzas políticas muy diversas, entre representantes de culturas y tradiciones distintas, entre los más comprometidos con la igualdad y otros mucho más reticentes al avance de las mujeres. Es, sin embargo y sin duda alguna, el mejor consenso posible y un buen marco para seguir desarrollando una amplia estrategia que culmine en la realización de ese valor que se reconoce en el artículo I-2 y que ya debe formar parte de nuestra identidad europea, a saber: la igualdad entre hombres y mujeres.
Elena Valenciano es diputada socialista en el Parlamento Europeo y presidenta de la Fundación Mujeres.
