La maraña permanece

El Gobierno aprobó el viernes, en Consejo de Ministros, el proyecto de ley por el que impulsa la televisión digital terrestre. La norma pone fecha al apagón analógico, el 2010 y, entre otras muchas cosas, suprime la limitación de tres concesiones para la televisión analógica que estableció el PSOE en 1988, hace ya dieciséis años, cuando las posibilidades tecnológicas eran muy distintas a las actuales. La primera reacción que suscita la lectura del proyecto es que, como siempre que se legisla en temas audiovisuales, trata de arreglar algunas cosas -veremos si lo consigue-, pero se olvida y se acobarda ante lo único que de verdad podría hacerse: regular, unificar y simplificar el marco de legislación audiovisual en el que han de moverse todos los sectores implicados, públicos y privados.

El mapa televisivo español está ahora sujeto a una maraña de normas jurídicas, con cruces y acumulaciones de leyes y reglamentos que impiden el normal funcionamiento del sector. Resulta casi imposible cumplir una norma sin que se esté al borde de vulnerar otra. Y junto a este enjambre legislativo, existen aún vacíos clamorosos que ningún Gobierno, ni del PSOE ni del PP, se ha atrevido a regular en serio. Baste señalar, como ejemplo, el caso de las televisiones locales, a cuyo amparo crecen como hongos sospechosas ofertas. En otros casos, la Administración ha utilizado la facultad reglamentaria como saeta política. Un reciente ejemplo de esta maraña legislativa y sus efectos perniciosos es la reciente sentencia del Tribunal Supremo que anulaba el reglamento que con dudosa premura y con vulneración de la ley, como ahora se ha visto, dictó el Gobierno del PP en 1998 para diseñar el modelo de televisión digital terrestre.

Por lo demás, resulta grotesco que la mayor opositora a la ampliación de licencias que plantea el proyecto de ley aprobado el viernes, que se presenta a sí misma como adalid del pluralismo informativo, sea Tele 5: la cadena de televisión que está en manos de Silvio Berlusconi, amo absoluto del gran monopolio de la televisión en Italia, y que aún está acusado en la Audiencia Nacional española de 6 delitos fiscales y otros 6 de falsedad en documentos por sus operaciones financieras en Tele 5, juicio solamente interrumpido por la inmunidad de que goza mientras ocupe la jefatura del Gobierno. El problema de la nueva norma no es que abra las puertas a más oferta, sino que no diseñe con claridad el sistema de concesiones, los criterios de compatibilidad, etcétera. Se trata de una reforma limitada que se deja en el tintero demasiadas cosas y que mantiene, por ejemplo, el criterio de la televisión como servicio público sin precisar las obligaciones que ello conlleva, una herencia de la época en que había una única televisión y los vecinos acudían al teleclub para contemplar aquella rareza.

En cualquier caso, no se acaba de entender la premura del Gobierno en elaborar este proyecto de ley, cuando se está a la espera de definir el nuevo marco de la televisión pública conforme al dictamen del comité de sabios. Porque según cuál sea la fórmula que se elija, el mercado privado tendrá más o menos opciones de crecimiento. La maraña permanece.