Nadal prevé "dimisiones y ceses de políticos y técnicos", una vez concluya el informe

"Hemos dicho siempre la verdad, pero lo que era verdad un día quedaba desmentido al día siguiente", afirmó ayer el consejero de Política Territorial. Y lo hizo para negarse a adelantar acontecimientos que puedan darse mañana; por ejemplo, si habrá nuevos derribos. Pero sugirió que una vez concluya el proceso y disponga de toda la información podría abrirse un proceso con "dimisiones y ceses de políticos y técnicos". Nadal anunció que se dedicará de forma exclusiva al problema del Carmel hasta que el último vecino esté en una casa que pueda considerar como "la suya".

"Nos encontramos en una situación nueva. Ayer era posible, pero no era previsible", empezó diciendo un Joaquim Nadal abatido por la noticia de un nuevo hundimiento que alteró radicalmente todas las decisiones tomadas hasta ayer. Nadal añadió que había pedido a los técnicos que le pusieran sobre la mesa una evaluación de las diversas soluciones posibles de modo que esta mañana pueda tomar una decisión al respecto.

Entre las opciones, la más drástica era cerrar el túnel llenándolo de cemento y fue la adoptada definitivamente a primeras horas de la noche. El criterio para tomar la decisión, dijo Nadal, es doble: conseguir la mayor seguridad y hacerlo en el menor tiempo posible. El intento de penetrar en el subsuelo hundido con un tubo de acero, iniciado esta misma semana, suponía al menos 15 días de dilación; la cementación, sugirió Nadal, podría exigir apenas cuatro o cinco, con la ventaja añadida de que, al menos en teoría, anularía los efectos del boquete.

La situación fue calificada por Nadal de "emergencia grave", ya que el segundo hundimiento equivale a resituarse "en la peor hipótesis del primer día". Nadal puso en duda que el hundimiento se deba a "imponderables" y vaticinó que el asunto quizá acabe en los tribunales.

El consejero anunció que había incorporado a técnicos independientes. Esta medida fue reclamada por los vecinos, pero ayer la petición era un clamor porque los vecinos autorizados a volver a casa (algunos de ellos desalojados ayer de nuevo) disponían de unos certificados de las empresas constructoras y de la firma pública GISA en los que se decía que no había peligro de nuevos movimientos en el subsuelo. Los intentos de recabar la versión de Fomento de Construcciones y Contratas, empresa que realiza la obra junto a Copisa y Comsa, resultaron infructuosos. Tampoco el Colegio de Geólogos quiso comentar los, al menos en apariencia, fallos reiterados de los estudios geológicos que no detectaron el segundo socavón.

El Gobierno y el Ayuntamiento han creado un gabinete de crisis con cuatro comisiones, presididas por un consejero y un concejal. La de Vivienda la forman Salvador Milà y Ricard Gomà; la de Bienestar, Anna Simó y Ferran Mascarell; la de Seguridad, Montserrat Tura y Jordi Hereu; las obras las seguirán Nadal y Xavier Casas, con el alcalde, Joan Clos, cuando lo crea oportuno.