Trabajadores municipales interponen 5 denuncias contra el alcade de Sevilla

El Comité de Empresa, la Junta de Personal y los cinco sindicatos con representación en el Ayuntamiento de Sevilla (UGT, CC OO, SPPME, SPB y CSI-CSIF) denunciaron ayer "incumplimientos extremadamente graves" del gobierno municipal en materia de seguridad y prevención de riesgos laborales. Los sindicatos han interpuesto en los últimos días cinco denuncias en los juzgados de la capital y alrededor de 40 ante la Inspección Provincial de Trabajo.

Al conflicto laboral por el bloqueo de la negociación colectiva, los sindicatos sumaron ayer las denuncias por el "incumplimiento sistemático" de las condiciones de seguridad laboral en muchos edificios municipales, donde trabajan alrededor de 5.500 personas.

Las cinco denuncias penales se refieren a la Estación de Autobuses del Prado de San Sebastián; la Jefatura de Policía Local Charli II, en la Isla de La Cartuja; las dependencias de Salud y Consumo, en la calle Almansa; a cuatro parques de bomberos; y a varios edificios de la Delegación de Parques y Jardines. Todas las denuncias van dirigidas contra el alcalde, Alfredo Sánchez Monteseirín, aunque en el caso de la interpuesta por los bomberos, se amplia también a los concejales de Gobernación, Francisco Fernández, y de Recursos Humanos, Nieves Hernández.

El secretario de organización de CC OO, Carlos Carreño, aseguró ayer que los trabajadores han llegado a la vía penal después de comprobar que el Ayuntamiento "hace oídos sordos" a las más de 40 denuncias que han presentado en la Inspección Provincial de Trabajo por otras tantas irregularidades detectadas en una decena de edificios municipales. Carreño denunció asimismo que el Comité de Seguridad y Salud, constituido en enero de 2001, sólo se ha reunido cuatro veces, a pesar de que la ley contempla una reunión cada dos meses.

El representante sindical elogió el trabajo del departamento de prevención del Ayuntamiento, que, según señaló, han realizado el 90% de los controles de edificios para detectar irregularidades. "Pero todas las deficiencias que señalan son ignoradas", aseguró Carreño. Las irregularidades más frecuentes se refieren al mal estado de los edificios y la ausencia de salidas de emergencia o medidas contra incendios.

La concejal de Recursos Humanos negó la existencias de riesgos inminentes en los edificios municipales y atribuyó las denuncias a que los sindicatos "están usando este tema para avivar el conflicto" de la negociación colectiva. Según la concejal, "el precio de la paz social" que piden los sindicatos asciende a seis millones de euros, la diferencia entre la subida salarial que ofrece el Ayuntamiento (superior a la que recoge la Ley de los Presupuestos Generales, según la edil) y la que piden los trabajadores.

El Ayuntamiento anunció tras conocer las denuncias que el alcalde se reunirá el próximo miércoles con los representantes de los trabajadores municipales.