Llega a la Fiscalía el caso de las multas por alcoholemia de Pamplona

La tramitación irregular de 719 denuncias a conductores por superar la tasa de alcohelemia, que nunca fueron comunicadas por el Ayuntamiento de Pamplona a la Jefatura Provincial de Tráfico de Navarra obra ya en poder de la fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, tras la denuncia presentada por Aralar en la que insta la investigación de lo sucedido por si diera lugar a responsabilidades de carácter penal.

Entre los años 1997 y 2001, más de 719 personas denunciadas por la Policía Municipal de Pamplona por conducir superando los límites de alcoholemia legalmente establecidos -infracciones consideradas muy graves- se libraron de la retirada del carné de conducir gracias a que pagaron la multa en los diez días siguientes a la infracción.

Tal actuación irregular vulneraba la ley de Tráfico de 1997, en vigor desde marzo de aquel año, y obligaba a comunicar todas las denuncias a la Jefatura de Tráfico para proceder a la retirada del carné de conducir al infractor.Uno de los beneficiados de ese proceder irregular en la tramitación de las denuncias fue el hijo del que era entonces, y sigue siendo ahora, concejal delegado de Protección Ciudadana, Ignacio Polo (UPN). El joven fue denunciado por agentes de la Policía Municipal de Pamplona el 16 de diciembre de 2001, por superar las tasas de alcoholemia y por la posesión de sustancias estupefacientes. El procedimiento sancionador lo tramitó su propio padre, que era el máximo responsable del área de Protección Ciudadana desde septiembre de aquel mismo año. Polo firmó el expediente de sanción de su hijo, que pagó las dos multas en los diez días siguientes y no fueron enviadas a Tráfico como establecía la legislación.

La Delegación del Gobierno en Navarra y la Jefatura Provincial de Tráfico analizan actualmente los hechos. Vicente-López Holgado, jefe provincial de Tráfico, ha reiterado que desde 1997 la legislación establece la retirada obligatoria del carné de conducir en casos de conducción con una tasa de alcoholemia superior a la establecida, sin que se puedia evitar la sanción pagando la multa. Desde 2002, al entrar en vigor la vigente legislación de Tráfico, que endurece el procedimiento y las sanciones, el Ayuntamiento remite ya todas las denuncias a la jefatura, al margen de que sea abonada o no la multa. El equipo de gobierno de UPN-CDN ha negado mala fe en aquellas actuaciones. Los partidos de la oposición piden investigar los hechos y algunos solicitan la dimisión de Polo y del jefe de la Policía Municipal de Pamplona, Simón Santamaría.