Aguirre se muestra "preocupada" por la ley ideada por Gallardón para lograr más dinero
PP, PSOE e IU sostienen que el régimen especial para Madrid debe debatirlo la Asamblea
"Es una ley muy importante, que afecta a la arquitectura institucional. Por eso, estoy preocupada. Antes de ser aprobada, esta ley debe ser debatida por los grupos políticos, igual que se ha hecho en Cataluña con la ley especial para Barcelona", declaró ayer Esperanza Aguirre, del PP, presidenta de la Comunidad de Madrid, sobre el proyecto de Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón. PSOE e IU, que están de acuerdo en la conveniencia de un régimen especial para Madrid, coinciden en que debe ser fruto de un amplio consenso.
Gallardón, del PP, quiere que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero impulse una Ley de Régimen Especial de la Ciudad de Madrid que supondría dotar al Consistorio de muchos más recursos y más capacidad recaudatoria. "Lo que queremos es más dinero para Madrid. Pero eso no supone ninguna merma para la Comunidad porque no quitamos nada a la Comunidad", afirmó un miembro del equipo de Gallardón.
Aguirre, que ayer se mostró muy moderada, rehusó opinar a favor o en contra del proyecto de su compañero Gallardón. "Es un tema que afecta a los fundamentos básicos de la organización territorial. Por eso, voy a convocar al PSOE y a IU para debatirlo. Es algo que tenemos que acordar todos los grupos, porque no puede hacerse a espaldas de la Asamblea", declaró.
La presidenta regional se expresaba en esa línea en una carta enviada el pasado viernes al líder de los socialistas madrileños, Rafael Simancas, aceptando la propuesta de éste para debatir el modelo territorial, la reforma del Estatuto y otros asuntos. Al referirse al plan de Gallardón, Aguirre confiaba a Simancas: "Dado que en dicho texto se contienen aspectos que afectan a cuestiones básicas de la Comunidad, que me preocupan, y a la vista de los primeros informes que me han hecho llegar los servicios de la esta Comunidad, creo que debemos aprovechar la oportunidad para alcanzar un acuerdo político general sobre el mismo, y poder contribuir así conjuntamente a su mejor contenido".
Tras conversar con Aguirre, el portavoz del PP en la Asamblea, Antonio Beteta, dijo: "Esta ley afecta al Estado, a la Comunidad y al Ayuntamiento, y tiene que ser negociado por los tres. Hasta este momento, la Comunidad ha estado incomprensiblemente ajena a este asunto, que aparentemente ya está cocinado. Pero deben intervenir en este proyecto todos los grupos (PP, PSOE e IU) de la Asamblea".
Simancas se mostró a favor de una ley especial para la ciudad de Madrid "porque así está contemplado en el artículo 6 del Estatuto de autonomía y en el programa electoral del PSOE". Según Simancas, esta ley "tiene que reconocer el papel institucional de la ciudad de Madrid y darle compensaciones por los gastos que le supone ser capital del Estado". "Pero la elaboración y promulgación de esta norma", agregó, "tiene que hacerse al margen de un enfrentamiento entre Gallardón y Aguirre".
Gallardón sostiene que esta ley especial para Madrid tendría carácter estatal y que son las Cortes las encargadas de aprobarla, a propuesta del Gobierno central. "Es el mismo trámite que ha seguido la carta municipal de Barcelona, que será aprobada en breve. Es lo mismo", remacha un colaborador de Gallardón. Pero Ignacio González, vicepresidente primero de la Comunidad, sostiene: "Queremos que se haga como lo de Barcelona, donde se formó una comisión tripartita (Generalitat, Ayuntamiento y Gobierno central) y donde se discutió el tema durante mucho tiempo". Simancas sostiene: "Hay que debatir la ley en el Ayuntamiento, luego en la Asamblea y por último en las Cortes".
Trinidad Jiménez, portavoz socialista en el Ayuntamiento, recalca: "El PSOE tiene el compromiso de hacer una ley de capitalidad para Madrid. Es decir, ley de capitalidad, sí; pero no se puede hacer de forma apresurada y sin consenso político. Sería inadmisible que saliera adelante sin un gran acuerdo. Llama la atención que Gallardón rehúse el debate y ahora quiera ir tan rápido". Tras criticar que la ley diseñada por Gallardón tiene "un enfoque financiero" y centrado en obtener más dinero, Jiménez pretende que sirva para replantearse el papel de las corporaciones locales.
Inés Sabanés, portavoz municipal de IU, opina: "Estamos de acuerdo en una ley que suponga que el Ayuntamiento tenga mayores competencias, pero debe ser una ley resultante del consenso, no del conflicto". En opinión de Sabanés, la norma proyectada por Gallardón supondría que "Madrid se convertiría en un foco muy importante, en detrimento del resto de la región". La portavoz de IU tiene "reservas insalvables" sobre el modelo de relaciones Ayuntamiento-Comunidad-Gobierno central ideado por el alcalde del PP: "En la Comisión General de Coordinación que figura en el proyecto de Gallardón sólo estarían ahora el PP y el PSOE, lo que supondría la laminación de la oposición".
El 'número dos' de la presidenta, con el ministro
Esperanza Aguirre se mostró ayer muy contenida y moderada al opinar sobre el proyecto de Gallardón. La presidenta madrileña fue más beligerante en anteriores enfrentamientos entre ella y su compañero de partido, pese a tratarse de asuntos de menos relevancia que el actual.
Pero Aguirre admite estar "preocupada" por el plan del alcalde. Prueba de ello es que su número dos en el Gobierno, el vicepresidente Ignacio González, se entrevistará el miércoles con el ministro de Administraciones Públicas, el socialista Jordi Sevilla, para tratar este asunto.
La ley de Gallardón "quiebra el marco competencial, al crear un marco de competencias indefinido, que podría entrar dentro de las competencias de la Comunidad", según afirma González.
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