El PP acepta que Interior explique las detenciones tras el debate sobre Euskadi

La trascendencia política del debate sobre el plan Ibarretxe anunciado para el próximo martes en el Congreso ha movido al PP, a iniciativa del PSOE, a retirar su petición de que la víspera se reuniera la Diputación Permanente para obligarle al Gobierno a rendir cuentas por la actuación de la policía en relación con los incidentes de la manifestación convocada en Madrid por la Asociación de Víctimas del Terrorismo. El ministro del Interior, José Antonio Alonso, comparecerá finalmente el jueves. PP y PSOE admiten que los ciudadanos esperan de ambas formaciones que rebajen la tensión política.

El Gobierno quiere transmitir tranquilidad ante el proceso emprendido por el PNV

PP y PSOE admiten que la sociedad espera de ellos que frenen la crispación política

Desde que el Grupo Popular forzó la convocatoria para el próximo lunes de la Diputación Permanente, en el Grupo Parlamentario Socialista, así como en la dirección del PSOE y en el Gobierno, se empezó a pensar en la posibilidad de pedir al PP que pospusiera su petición de explicaciones al Gobierno hasta después del pleno sobre el plan Ibarretxe. Nada menos que en la víspera del debate sobre el proyecto soberanista de Euskadi, los ciudadanos iban a asistir a una gresca segura entre populares y socialistas a propósito de los incidentes del pasado sábado en Madrid, durante la manifestación convocada por las víctimas del terrorismo. Dos militantes del PP fueron detenidos en relación con la agresión sufrida en esa concentración por el ministro de Defensa, José Bono, y el primer partido de la oposición considera absolutamente arbitraria tal actuación policial, por lo que exige que el titular de Interior rinda cuentas en la Cámara.

Los portavoces del Grupo Socialista y del Grupo Popular, Alfredo Pérez Rubalcaba y Eduardo Zaplana, respectivamente, cerraron ayer telefónicamente el envío de sendos escritos a la Mesa del Congreso. El PP retira la petición de convocar a la Diputación Permanente y el Gobierno pide la comparecencia de José Antonio Alonso en la comisión de Interior el próximo jueves. Los populares pedirán entonces explicaciones a Interior por la "detención ilegal" de dos de sus militantes.

Los socialistas, por su parte, pensaban recriminar al PP por haber dirigido un escrito a sus militantes, días antes de la manifestación, instándoles a que acudieran a la cita, que era de apoyo a las víctimas del terrorismo, con la consigna de arremeter contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. "Con la suspensión de la Diputación Permanente está implícita la voluntad de ambos grupos de rebajar la tensión", admiten fuentes de la dirección del Grupo Socialista.

El PP explica oficialmente que lo importante para ellos es que el ministro comparezca, y en la dirección del Grupo Socialista se ha agradecido expresamente a Eduardo Zaplana su receptividad. La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha tenido un interés muy especial en que las cosas se condujeran por este camino, y también se asegura que el presidente del Congreso, Manuel Marín, ha mostrado alivio, "desde el plano institucional", al saber que no habrá una reunión de la Diputación Permanente, que él hubiera tenido que presidir, en la que la batalla dialéctica se auguraba encarnizada a la vista del calentamiento previo que llevó a descalificaciones gruesas entre los dos partidos y entre las víctimas del terrorismo.

Una vez conseguido el primer objetivo de calmar la tensión política, ahora el Gobierno trata de conferir la máxima normalidad a todo el proceso que rodee la discusión del plan Ibarretxe, tome la decisión que tome el Gobierno vasco, una vez que el martes sea rechazado en el Congreso por una gran mayoría. El Ejecutivo ha pretendido desde un principio, desde que este plan fue aprobado por la Cámara vasca, irradiar tranquilidad a los ciudadanos y seguir los procedimientos normales como respuesta al desafío soberanista del peneuvista Juan José Ibarretxe. No quiso tomar medidas excepcionales y ni siquiera que un recurso de inconstitucionalidad interrumpiera su curso. Apostó por la vía política y el debate como procedimiento de rechazo del plan.

Ahora pretende tranquilizar a los ciudadanos y que sepan que las instituciones funcionan y que cualquier situación tendrá respuesta institucional, incluso si ningún miembro del Parlamento vasco compareciera el martes para defender el proyecto. Así lo manifestó ayer María Teresa Fernández de la Vega tras el Consejo de Ministros.

Pero sí parece que vendrá una delegación del Parlamento vasco y, es muy probable que incluso sea el propio lehendakari el que defienda en el pleno su plan. Es la hipótesis que ayer manejaba La Moncloa haciéndose eco de las propias palabras de Ibarretxe, que siempre ha reclamado que su propuesta sea debatida en todos los foros.

En esta lógica, la vicepresidenta primera dijo que confía en la "coherencia" de los defensores del plan Ibarretxe y que, por tanto, espera que el martes acudan al Congreso. Un síntoma muy significativo de que esto va a ser así es la importante presencia que las instituciones vascas van a tener en ese pleno. Han anunciado su presencia como invitados numerosos parlamentarios de la Cámara vasca: cinco del PNV (entre ellos Iñigo Urkullu y Joseba Egibar), tres del PP, dos del PSE, uno de EA y otro de IU-EB. También acudirán representantes de la Mesa, como su presidente, Juan María Atutxa; el vicepresidente primero, Gorka Knorr; el vicepresidente segundo, Carmelo Barrio; la secretaria primera, Isabel Celáa, y la segunda, Kontxi Bilbao. Asimismo estarán entre los invitados los diputados generales Joxe Joan González de Txabarri (Guipúzcoa) y José Luis Bilbao (Vizcaya), ambos del PNV.